Las defensas creen que el informe es sólo una réplica del de Trabajo

VIENE DE LA PÁGINA 1 Los abogados de José María Jiménez de Laiglesia, el ex presidente de la CEV; la propia organización patronal y su hermana pequeña, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev) y otra de las personas o instituciones imputadas, Césareo Fernández, ex máximo responsable de Cepymev, acosaron a Sánchez del Águila con una amplia panoplia de cuestiones, principalmente, acerca de los beneficiarios finales de las subvenciones. De hecho, los letrados -Javier Boix, Antonio Reyes y Guillermo Aragó- volvieron a destacar algunas de las contradicciones que, a su juicio, se reproducen tanto en el informe de fiscalización hecho por la Inspección de Trabajo como en el del Tribunal de Cuentas. La primera de ellas es la implicación de Cepymev en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Según fuentes cercanas al caso, aquella organización no figura en los documentos adjuntados al sumario, lo que no ha sido un obstáculo para su imputación. Sánchez del Águila tiene una explicación, que ayer ofreció: todas las actuaciones de Cepymev quedan subsumidas en las hechas por la CEV, la organización que tenía la estructura organizativa necesaria para gestionar la consecución y el uso de las subvenciones. El inspector del Tribunal de Cuentas, según las mencionadas fuentes, se valió de un argumento similar para justificar que Cierval, la organización empresarial de ámbito autonómico, no aparezca en su informe ni sea objeto de las pesquisas del fiscal. Cierval es la destinataria final de varios cursos cuyo coste pudo ser indebidamente justificado. Diversas imputaciones Los tres letrados de la defensa que ayer interrogaron al testigo por espacio de dos horas también intentaron minar la credibilidad del informe. En opinión de algunos de ellos, es una réplica del elaborado, bajo la dirección de José Miguel Prados, por la Inspección de Trabajo. El propio Sánchez del Águila tachó de "dogma de fe" los resultados del informe de su colega valenciano, aunque negó que ambos trabajos fueran iguales. Eso explicaría que mientras la Generalitat reclama a la CEV 292 millones de pesetas, el Tribunal de Cuentas rebaje esa cifra en más de 100 millones, hasta los 191. Ambos procedimientos están paralizados por el recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal y por el procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. El informe ratificado ayer por Sánchez del Águila ante el titular de ese juzgado destacaba, entre otras irregularidades, "importes indebidamente imputados", facturas utilizadas para "justificar subvenciones diferentes" y "excesos" en las cantidades giradas en capítulos como el de amortizaciones o personal. La declaración del inspector del Tribunal de Cuentas continúa hoy.