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El Tribunal Supremo mantiene en prisión preventiva a Josu Ternera

El Tribunal Supremo acordó ayer mantener en prisión preventiva al ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, por su implicación en el caso Sokoa. En la actualidad es parlamentario vasco y concejal de Miraballes (Vizcaya). La Sala Segunda del alto tribunal ha destacado que Josu Ternera está procesado por delitos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra y falsificación de documentos, además de proposición y conspiración para cometer delitos de homicidio y detención ilegal e, incluso, de terrorismo.Los magistrados señalan en su resolución que esos delitos llevan aparejados penas superiores a los seis años de cárcel y que "no puede desconocerse que el procesado estuvo largo tiempo en situación procesal de rebeldía", por lo que se cumplen los requisitos para mantener la prisión preventiva: los autos de procesamiento son firmes, los hechos de los que Josu Ternera es acusado pueden ser constitutivos de los delitos mencionados y existen indicios de criminalidad contra él.

El Supremo estima que la prisión no debe modificarse en este momento puesto que Josu Ternera nunca compareció voluntariamente ante la justicia, fue detenido tras ser expulsado por las autoridades francesas y por ello "no puede confiarse en que concurra en el futuro voluntariamente cuando fuese requerido para ello por la autoridad judicial".

Por su parte, los etarras Eugenio Etxebeste, Antxon e Ignacio Arakama, Makario, han presentado sendos recursos de súplica contra la ampliación de su prisión preventiva hasta el máximo legal de cuatro años, adoptada por el Supremo la pasada semana.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha restablecido los derechos de los miembros de la anterior Mesa Nacional de HB, que habían quedado suspendidos tras la condena. Tras el fallo del Constitucional, el Supremo remitió un auto a los presidentes de los parlamentos autonómicos, al Registro de Penados y al director de la Policía con el fin de levantar cualquier medida restrictiva de derechos consecuencia de la condena.

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