Victoria dilapidada

LA DECISIÓN del Partido Aragonés (Par) de apoyar al candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Aragón cierra el proceso de renovación institucional abierto por las elecciones autonómicas y municipales. Se impone una primera conclusión: el PP no ha sido capaz de rentabilizar su victoria electoral allí donde los votos le negaron la mayoría absoluta. Si el escrutinio del 13-J ya anticipaba un reequilibrio en la distribución del poder municipal y autonómico, en la medida en que el PSOE se recuperaba en parte del descalabro de 1995, el mapa resultante de los pactos es para el PP más inquietante de lo que temía. El Partido Popular, frustrado por el estrecho margen de su victoria, no fue capaz de sobreponerse a su propio desencanto y no ha sabido manejar con habilidad el complejo juego de las negociaciones. El caso de Aragón pone el broche a esta etapa, no exenta de confusión, con el acuerdo de otro socio regionalista del PP que prefiere pactar con el PSOE.Al margen de las querellas locales, la tendencia general revela algunas limitaciones del proyecto popular. Al asumir el liderazgo del PP, Aznar lo hizo desde un proyecto de federación de la derecha que iba más allá de su propio partido. Las derechas autonómicas regionalistas debían encontrar en el PP la casa común desde la que consolidar la soñada mayoría natural del conservadurismo español. Así ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas de 1995. Un PP en alza barrió y arrastró con él a todos estos grupos de poder local. El proyecto pareció consolidarse después de la victoria de Aznar en las generales de 1996, cuando los nacionalistas conservadores de Cataluña y el País Vasco se sumaron a la mayoría parlamentaria. Pero han bastado cuatro años de convivencia para que el edificio empezara a desmoronarse. En Baleares, en Aragón o en Sevilla, por citar los casos más emblemáticos, sus socios le han abandonado. En Asturias, la arrogancia del propio PP ha generado un regionalismo alternativo que ha contribuido a desalojarle del poder.

¿Cómo se puede explicar que un partido que cuenta con el poderoso imán de gobernar el Estado pierda aliados que ideológicamente le son muy próximos? Da la impresión de que ha confundido el pacto con la absorción y la negociación con la imposición. Cuando se va conociendo el trato que el Par o UM recibían de su socio sorprende menos que hayan preferido cualquier pacto a seguir con ellos. Las OPA hostiles sobre los alcaldes de estos pequeños partidos dicen mucho sobre la concepción de la política y las maneras del PP. No se trataba de construir una alianza de las diversas derechas, sino de absorberlas. Los partidos pequeños tienen su corazoncito. E intereses que no sólo se pagan con dinero.

Alguien deberá asumir la responsabilidad política del fracaso del PP en la gestión de la victoria electoral de junio. Javier Arenas, el secretario general, es el primer implicado. Aunque, en un partido tan presidencialista, nada de lo que dice el secretario general es ajeno a la voluntad del jefe: Aznar. El PP cambia las caras, pero los problemas de estilo permanecen.

La segunda constatación concierne al PSOE. Los socialistas han sacado en la negociación el máximo rendimiento de sus resultados electorales. En muchos casos ha sido fruto del normal acuerdo entre los partidos de izquierda que el antisocialismo patológico de Julio Anguita hizo imposible en las anteriores elecciones. Pero hay situaciones de riesgo en las que la tentación de ganar cuotas de poder ha llevado a los socialistas a ejercicios de equilibrismo. El caso más emblemático es el de Baleares, donde se ha formado una mezcla de partidos cuya digestión será complicada. Sólo una gestión eficaz puede consolidar opciones tan precarias.

El PP ha querido compensar su frustración satanizando los pactos. Pero la cultura de las coaliciones es irreprochablemente democrática y forma parte de la mejor tradición parlamentaria. El propio PP la ha practicado y la practica. Hay que recordar que, de las seis autonomías que ahora gobierna el PSOE, solamente en dos ha accedido al poder mediante un pacto. Como ocurre en política, los que se sienten perjudicados piden airadamente que se cambie la ley para asegurar que gobierne la lista más votada. Pero el propio Aznar fue muy claro desautorizando estos argumentos cambiantes según haya ido en el baile. Los cambios legislativos no pueden hacerse como consecuencia de un traspiés electoral, a quince días de cerrar las urnas y a seis meses de las generales. Otorgar una mayoría absoluta a la lista más votada exigiría modificar sustancialmente el criterio de proporcionalidad que la Constitución impone a nuestro sistema electoral. Es una reforma delicada para la que no basta un acuerdo entre el PP y el PSOE.