Los partidos acatan la sentencia y opinan que favorecerá la pacificación

Todos los partidos acataron ayer la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar a la Mesa Nacional de HB, condenada por intentar ceder sus espacios electorales a la organización terrorista ETA en 1996. Consideran que la sentencia muestra la fortaleza del Estado de derecho y que favorecerá el proceso de paz vasco. En cambio, criticaron el proceso de elaboración del fallo y las filtraciones habidas durante el mismo. IU-EB se sumó al PNV y pidió la dimisión del ministro del Interior por "impulsar" la condena de HB en 1997.

Las formaciones políticas coincidieron ayer en señalar la "legitimidad" de la decisión del TC, que, "guste más o menos", como afirmó Joaquín Almunia, "refuerza el Estado de derecho español". El secretario general del PSOE resaltó que es muy positivo que "quienes tanto han atacado a la Constitución, e incluso han apoyado la violencia en contra de la libertad y otros derechos constitucionales se beneficien ahora de una norma que tanto aborrecen." "A ver si aprenden", concluyó Almunia. Su compañero Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, resumió la postura de varios dirigentes políticos a los que la sentencia no agrada especialmente: "El Tribunal Constitucional siempre tiene razón. Si no creemos en él, la democracia se viene abajo". Sus críticas al fallo se dirigieron contra su forma de adopción. En su opinión, el alto tribunal tomó primero la decisión de liberar a los dirigentes abertzales y luego buscó un artículo donde sustentarla.El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, pidió al resto de formaciones políticas que "no se caiga en la confusión de mezclar los planos político y judicial" del contencioso vasco, aunque confesó su confianza en que el proceso de paz, "ya encaminado", no se verá afectado por el fallo del Constitucional.

Sí señaló, no obstante, que no es "optimista" respecto a ninguna de las dos mesas de HB -la ahora excarcelada y la que la sustituyó en 1997, encabezada por Arnaldo Otegi- y que es este partido el que ha de condenar la violencia para que el proceso de paz se consolide definitivamente. La misma opinión expresó Diego López Garrido, secretario general del PDNI, que emplazó a HB a condenar el terrorismo una vez demostrada la "generosidad" de la democracia española.

Los presidentes autonómicos de Castilla y León y Galicia, Juan José Lucas y Manuel Fraga, expresaron su preocupación porque el TC se vea convertido en "un tribunal de apelación más" (que pueda revisar las sentencias del Supremo), algo que no entra en su cometido de máximo intérprete de la norma fundamental española. Fraga fue más allá: "Los juicios de amparo [recursos para la defensa de derechos fundamentales, una de las competencias básicas del TC] no deben ir al Tribunal Constitucional, sino al Supremo".

Críticas a Mayor Oreja

Izquierda Unida mostró su satisfacción por la sentencia, recordando que la coalición, cuando el Supremo condenó a la dirección abertzale, había criticado que se emitiera un fallo "sin fundamentos jurídicos". El coordinador de IU-EB en el País Vasco, Javier Madrazo, también incidió en el fortalecimiento de la "credibilidad" del Estado de derecho y criticó severamente, en cambio, al gobierno de José María Aznar, "que ha sufrido un fuerte varapalo". Madrazo planteó que "Mayor Oreja [ministro del Interior] debería plantaerse muy seriamente dejar su cargo, ya que no está en condiciones de afrontar un proceso de paz". El líder de IU-EB, Anton Karrera, justificó la petición de la dimisión porque el ministro en 1997 "presionó conscientemente al Tribunal Supremo para que dictase una sentencia condenatoria". Sus críticas están en línea con las vertidas por Euskal Herritarok y el PNV, cuyo portavoz, Iñaki Anasagasti, había exigido el lunes por la noche, nada más conocida la excarcelación, la dimisión de Oreja por el "impulso político" que dio en 1997 a la condena de la Mesa Nacional de HB. El Gobierno vasco, por su parte, expresó su confianza en la evolución del proceso de paz. Su Consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga (EA), afirmó que la sentencia propicia un "clima de distensión". El consejero pidió a los parlamentarios del PP y del PSE-EE que en mayo pidieron su dimisión por calificar a los ahora excarcelados de "presos políticos" una retractación de sus "acusaciones".