Abiertos 1.700 expedientes por acampadas ilegales en Cádiz

,El fenómeno creciente de las acampadas ilegales en las costas de Cádiz ha obligado a las distintas administraciones a emplearse a fondo ante las denuncias reiteradas de los propietarios de cámpings. La Subdelegación del Gobierno de Cádiz ha incoado en lo que va de año 1.700 expedientes a propietarios de autocaravanas o tiendas de campaña y a familias que realizan chabolismo del verano, fabricando cabañas cerca del litoral para las semanas que duren sus vacaciones. El número de actas levantadas este año está ya cerca de superar las 2.000 infracciones denunciadas el pasado verano. Esta situación ha provocado que la oferta de cámpings de Cádiz, la mayor de Andalucía, con 17.000 plazas, sea excesiva para la demanda de los usuarios. Pérdidas millonarias El presidente de los hosteleros gaditanos, Antonio de María Ceballos, aseguró ayer que las pérdidas en el sector son millonarias y que algunos propietarios de estos establecimientos se han visto obligados a abrir sólo durante la temporada estival. Los puntos más habituales donde se localizan las acampadas ilegales coinciden con las zonas menos urbanizadas de la costa, especialmente en Los Caños de Meca, Barbate, Zahara y la playa de Los Lances en Tarifa. De los expedientes abiertos el presente año, 260 han terminardo en sanciones. Éstas son de mil pesetas por metro cuadrado ocupado y día, con lo que las personas multadas pagan entre dos y tres mil pesetas por las tiendas de campaña y hasta nueve mil por las autocaravanas. La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía también ha tomado medidas y ha sancionado a algunos particulares que se dedican ilegalmente a alquilar parcelas de terreno. El subdelegado del Gobierno, Miguel Osuna, lamentó que sólo pueden actuar cuando se invade la zona de dominio marítimo y que las autocaravanas eluden las sanciones cuando los dueños argumentan que están aparcados y se mudan cada 12 horas. El delegado de Turismo, Ricardo Chamorro, criticó la falta de normativa y vigilancia de los ayuntamientos contra las acampadas ilegales.