Mayor Oreja admite que la expulsión de rumanos "no fue del todo satisfactoria"

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, admitió ayer mediante circunloquios que la Delegación del Gobierno en Madrid se equivocó el pasado 8 de julio al expulsar del poblado de Malmea (Fuencarral) a un centenar de familias gitanas rumanas.

Mayor consideró "de sentido común" la decisión tomada por el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, de desmantelar el poblado. "Pero el resultado final no fue todo lo satisfactorio que debería", admitió. "A veces no se acierta, y otras veces, por razones comprensibles, se adoptan medidas, y uno se da cuenta después de que la solución no es correcta y tiene que arbitrar medidas complementarias", asumió él.Mayor se reunió ayer por la tarde con responsables estatales de Asuntos Sociales y del Ayuntamiento y la Comunidad para buscar soluciones al problema de alojamiento de 280 rumanos expulsados del poblado de Malmea que aún siguen en Madrid. Admitió que "probablemente" ese encuentro institucional, en el que se decidió reforzar la cooperación con las ONG para atender a estas familias, debería haberse celebrado antes de la expulsión.

Las instituciones niegan haber echado a los rumanos. Alegan que éstos se marcharon "voluntariamente" durante una operación de limpieza y retirada de vehículos abandonados. Pero los inmigrantes, la mayoría sin permiso de residencia en España, replican que los agentes les amenazaron con deportarles a su país si no se marchaban de Malmea.

El ministro aseguró que se va a buscar "una fórmula de alojamiento de estas familias en condiciones razonables". Sin embargo se negó a precisar más y remitió los detalles a su comparecencia del miércoles en el Congreso de los Diputados, pedida por la oposición.

La edil de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga, manifestó ayer a Efe que los rumanos permanecerán dos o tres días más en el actual asentamiento del Camino de San Roque, junto a la avenida de Burgos. Según Elorriaga, su traslado está pendiente de que la Delegación del Gobierno de su visto bueno a los cinco terrenos "alejados de la población" propuestos por el Ayuntamiento para levantar en ellos campamentos.

Mayor Oreja diferenció lo ocurrido en Madrid de las agresiones racistas de Terrassa. "Uno es un acto protagonizado por el Estado de derecho, que evidentemente necesita completar su actuación, y el otro es un injustificable acto xenófobo".