Saldaña cifra en 1.000 millones el coste de la oleada de niños "sin papeles"

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, cifró ayer en unos 1.000 millones de pesetas el coste para este año de la oleada de menores inmigrantes sin papeles, cuya tutela se ve obligada a asumir la Junta desde el mismo momento en que son localizados en tierras andaluzas. El consejero está pendiente de mantener en breve una reunión con Amalia Gómez, secretaria general de Asuntos Sociales, a fin de recabar su ayuda para afrontar un problema que la Junta considera "imposible de atender" sólo con los medios a su alcance. Saldaña hizo estas declaraciones durante la inauguración del centro de protección El Limonar, en el que 25 trabajadores dependientes de la asociación Diagrama, Intervención Psicosocial atienden a 12 niños con problemas de conducta. Éste es el único centro de Andalucía especializado en menores con graves trastornos de conducta y el segundo de España, ya que Madrid dispone de una similar. El centro se ubica en Alcalá de Guadaira (Sevilla), la ciudad andaluza con mayor concentración de establecimientos de tutela, reforma y atención de menores. Previamente había recorrido otro centro gestionado por la misma entidad, donde se desarrolla el proyecto Labora, dirigido a la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados de entre 16 y 20 años. Saldaña destacó que en toda Andalucía hay 583 chavales acogidos a este tipo de programas. Avalancha La citada avalancha de menores irregulares desde el Magreb (un 40% más que el año pasado) se ha visto facilitada por un mayor flujo de salida de niños de la zona y por los continuos saltos del charco de un grupo de 300 niños que vive de entrar y salir de Ceuta y que suelen acabar capturados en Algeciras. Saldaña considera que el mejor antídoto contra la inmigración creciente desde Marruecos es la creación de "un colchón de riqueza en el norte del Magreb", que sirviera de polo de atracción y freno a las migraciones de pobreza. "Andalucía poco puede hacer con sus medios en este asunto, que no debería descuidar la Agencia Española de Cooperación", dijo. Otra amenaza que se cierne sobre los recursos que Asuntos Sociales tiene para atención de menores (centros y familias para unos 6.800 niños tutelados, y establecimientos de reforma para medio centenar) es la nueva ley Penal Juvenil. Este proyecto prevé que los delincuentes de 16 a 18 años no cumplan sus condenas en prisión, sino que serán tratados como menores cuyas penas (arrestos de fin de semana, libertad vigilada o trabajos en favor de la comunidad) redimirán bajo el paraguas de la comunidad autónoma. "Cuando se aplique esa ley, nuestros recursos se van a saturar, por lo que para afrontar esa nueva carga necesitaríamos unos 10.000 millones de pesetas", dijo Saldaña, quien cifró en otros 5.000 millones el coste de adaptar la estructura judicial, ahora transferida a la Junta, a las necesidades de la nueva ley.