El Síndic de Greuges advierte a ayuntamientos y consejerías que están obligados a facilitar información
Luis Fernando Saura, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, señaló ayer la obligatoriedad que tienen todas las instituciones públicas de atender, en tiempo y forma, sus solicitudes de información para resolver las quejas que los ciudadanos plantean. En el informe anual que Saura defenderá en las Cortes este mismo mes de julio, figurará destacado un apartado en el que se detallan los ayuntamientos y consejerías que reiteradamente niegan documentación, entorpeciendo la labor del Síndic. Entre esas instituciones destaca el Ayuntamiento de Alicante, al que se considera "hostil". "La fuerza del Síndic no es el poder ejecutivo, del que carece, sino el auxilio legal que puede prestar a los ciudadanos frente a las administraciones", recordó ayer el letrado. "Responder a nuestras solicitudes es una obligación de todas ellas, y por supuesto una cuestión de cortesía", añadió. La legislación española prevé correctivos para las instituciones que demuestren actitudes hostiles hacia el Defensor del Pueblo o sus homólogos autonómicos. El artículo 502 del Código Penal establece que los rebeldes pueden incurrir en responsabilidad penal por atentar contra las libertades y derechos ciudadanos. Luis Fernando Saura no quiso ayer valorar actuaciones hostiles de varios ayuntamientos y consejerías valencianas hacia su departamento. "Yo soy un mandatario de las Cortes, y ante ellas presentaré en breve el informe anual para que actúen como proceda", se limitó a contestar. Entre las instituciones díscolas no se aprecian grandes diferencias según el color político que las preside. "No se puede generalizar en este caso, ni sacar reglas exactas", comentó Saura. Por otra parte, el Síndic, cuya sede oficial está en Alicante, anunció ayer que próximamente entrarán en funcionamiento oficinas de recepción de quejas en Valencia y Castellón, al objeto de descentralizar el servicio y facilitar al ciudadano su derecho a la denuncia. Se intenta con ello superar la situación actual de superioridad numérica de las quejas procedentes de Alicante sobre las del resto de provincias, por cuestiones de proximidad geográfica.
