Reportaje:

Del fuego y las cenizas al olvido

Un año después, los negros bosques y la ceniza han dejado paso a montañas peladas donde apenas hay vegetación. Hoy se cumplen 365 días del último gran incendio de Cataluña, que arrasó 27.000 hectáreas de bosques y sembrados de las comarcas del Bages, el Solsonès, la Segarra y el Anoia. Y no ha variado en exceso el terreno de juego en el que se dirime el futuro de los bosques y de la extinción de incendios en Cataluña. La gente del campo sigue sintiéndose desprotegida; los sindicatos agrarios próximos al Gobierno de Convergència i Unió afirman que se sienten escuchados por la Administración. Unió de Pagesos, en cambio, mantiene la queja porque todavía no han cobrado los 1.100 millones de pesetas que, aseguran, la Administración les prometió. Y la atención de las políticas de extinción de incendios ha mejorado, aunque eso mismo ocurrió después de los grandes incendios de 1994 -que también azotaron las comarcas del Solsonès y el Bages- y posteriormente se levantó el pie del acelerador de las políticas para prevenir los incendios forestales. Los bosques afectados por el incendio son la imagen de la desolación; pero, a pesar el vacío, la labor de tala de los árboles no ha llegado allí donde se pretendía. Se ha cortado menos del 50% de la zona quemada y la madera que aún está en el bosque por talar ha sufrido una importante devaluación. Primero porque ha perdido peso, en torno al 30% o el 40%, lo que notará cada propietario forestal en el momento de pasar por la báscula del aserradero. Y en segundo lugar porque la madera en muchos casos está afectada por parásitos o no tiene la medida suficiente para entrar en el grupo de la de primera calidad, la que sirve para palos de los que se utilizaban, por ejemplo, en instalaciones de redes eléctricas o telefónicas. Esta necesidad de sacar el excedente de madera con urgencia ha llevado recientemente al Consorcio Forestal de Cataluña a firmar un acuerdo con una empresa de Cella (Teruel) para vender la madera fuera de la comunidad catalana, donde los aserraderos están al completo. Las ayudas inmediatas del Gobierno catalán a los payeses afectados por el incendio del año pasado llegaron con mayor celeridad que en 1994. Sin embargo, no todo está resuelto y un año después los afectados reclaman a través de Unió de Pagesos el pago de 1.100 millones por los trabajos de extracción y regeneración del bosque. No se trata de un impago propiamente dicho, sino de una falta de voluntad política, ya que el Ejecutivo no ha desarrollado la legislación para que estos pagos se puedan realizar. La regeneración natural en la zona afectada por el incendio del año pasado tampoco ha llegado. En alguna parte, como la zona de Castelltallat, la Diputación de Barcelona ha hecho una prueba de siembra aérea cuyos efectos están por ver. De momento, los técnicos consideran que la regeneración que puede producirse es de encinas y robles, mientras que el pinar (de Pinus nigra) difícilmente nacerá espontáneamente. Técnicos del Centro Tecnológico Forestal del Solsonès consideran que la inversión necesaria para la regeneración sería de 300.000 pesetas por hectárea, una cifra que no es asumible por los propietarios. En algunos casos, lo que se plantea es apostar por replantaciones de nuevas especies que estén subvencionadas por la Unión Europea (UE). El verano se presenta en el centro de Cataluña con la misma preocupación que en años anteriores. Se ha incrementado algo la vigilancia, eso sí, sin que las dos administraciones que tienen planes en este sentido, la Generalitat y la Diputación, se hayan puesto de acuerdo. El Gobierno catalán también ha avanzado en algunas acciones experimentales, como los planes de protección perimetral de las Gavarres y del Moianès, pero no ha conseguido cambiar la sensación de inseguridad de los agricultores catalanes. Como opina un propietario de una casa de Riner (Solsonès), "no sólo el bosque se ha quemado, la gente también está quemada".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0017, 17 de julio de 1999.