Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La oposición vecinal al traslado de 280 rumanos a Villaverde desbarata los planes institucionales

Vuelta a empezar. En tres días las instituciones madrileñas han cambiado por segunda vez de planes para alojar a los 280 inmigrantes rumanos que expulsaron el pasado 8 de julio del poblado Malmea (Fuencarral) y trasladaron después al camino de San Roque, junto a la avenida de Burgos.El martes decidieron llevar a estas familias a cinco campamentos de tiendas de campaña repartidos por la ciudad. El miércoles, como el Ayuntamiento de Madrid no encontró suelos adecuados para los asentamientos, las autoridades optaron por albergar provisionalmente a los inmigrantes en el cuartel de ingenieros Capitán Arenas, del distrito de Villaverde, hasta hallar los terrenos.

Ayer, ante la oposición mostrada por los representantes de una treintena de asociaciones de Villaverde, que se reunieron por la tarde con las administraciones y que sólo aceptaron el realojo de 80 de los 280 rumanos. "Llevar a los 280 inmigrantes a Villaverde provocaría una nueva explosión social porque es un distrito que ya tiene numerosos problemas de marginación", explicó María Prado de la Mata, una representante vecinal. Ante esta postura, las instituciones descartaron la opción del realojo en el cuartel.

Las familias rumanas seguirán, por tanto, en el camino de San Roque, un aislado terreno sin duchas ni letrinas suficientes, hasta que el Consistorio disponga de suelos para los campamentos.

Por la mañana, los representantes institucionales acudieron al cuartel de ingenieros de Villaverde para comprobar si sus instalaciones eran idóneas para alojar a los rumanos. Allí se toparon con un grupo de vecinos que protestaba por la decisión.

El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, les explicó que el lugar se usaría como un asentamiento temporal hasta encontrar cinco solares donde instalar campamentos con servicios básicos para estas familias.

"La situación no se extenderá más allá del 30 de septiembre, que es la fecha tope que ha dado el Ministerio de Defensa para usar los cuarteles", añadió. El ministerio prevé iniciar entonces la demolición del recinto castrense para levantar pisos.

Las autoridades creían urgente encontrar pronto un lugar donde realojar a los rumanos para evitar la llegada de nuevas familias ajenas a las que vivieron en Malmea. Cruz Roja censó 280 personas el martes; el miércoles eran 360. Esta entidad cree más adecuado instalar pequeños campamentos para un máximo de 70 personas que un traslado masivo de todas las familias a un mismo punto.

Defensor del Menor

El Ayuntamiento planea instalar uno de los campamentos en el Camino de San Roque

El Defensor del Menor es contrario a los campamentos de tiendas de campaña. "No son un lugar idóneo para más de quince días", apostilla.La concejala de IU, Marisa Castro, advirtió ayer a las administraciones que realojar a las familias rumanas en Villaverde "puede generar conflictividad con los vecinos". "La gente del sur está harta de que le repartan los problemas", añadió, según Efe. Su grupo ha propuesto cinco alternativas: el pabellón de Mayorales, en la Casa de Campo; las antiguas cocheras de la EMT, en Bravo Murillo; el antiguo matadero de Arganzuela; los cuarteles de Daoiz y Velarde, en Retiro, y Arroyo Pozuelo, en Aravaca.

El Ayuntamiento de Madrid ha descartado Mayorales, con una capacidad máxima de 100 camas, porque es el único albergue del que dispone la ciudad para emergencias y, por tanto, "no puede coparse con esas familias". En todo caso se refugiarían en él 50 personas.

A la concejal del PSOE Noelia Martínez le parece bien la ubicación elegida "si va acompañada de asesoramiento jurídico, clases de español y escolarización de los niños". Su grupo y el de IU critican que el PP no cuente con ellos y que se tengan que enterar por la prensa de las decisiones que se toman.

Nueva Izquierda denunció ayer ante el Consejo de Europa la denegación de asilo y la expulsión de las familias rumanas de Malmea, que calificó de "limpieza étnica", informa

El senador del PSOE y ex alcalde de Madrid Juan Barranco ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en el Senado para que explique cómo se produjo la expulsión de las familias. IU y NI han reclamado también la presencia de Mayor en el Congreso.

El Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno enmascararon la expulsión de estas familias, el 8 de julio, como una operación de "limpieza y retirada de vehículos abandonados". Con anterioridad, 2.500 vecinos del barrio de Virgen de Begoña habían firmado un escrito pidiendo el desmantelamiento del núcleo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de julio de 1999

Más información