Las empresas de mujeres andaluzas impulsadas por el IAM han creado 2.000 puestos de trabajo en tres años

Los viveros de empresas, creados por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en 1996 en las ocho provincias andaluzas, han permitido crear 2.000 puestos de trabajo y 700 empresas. El número de empresarias y socias de cooperativas se ha duplicado en una década y, en la actualidad, las mujeres representan el 22% del empresariado andaluz. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, destacó ayer que las iniciativas empresariales de las mujeres están configurando "un nuevo tejido productivo andaluz que incorpora innovación, diversidad y nuevos valores en la gestión de empresas". Para mostrar este avance, el IAM ha organizado la I Feria Internacional de Empresas de Mujeres, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, del 23 al 27 de octubre. El certamen contará con una importante presencia de empresarias de otros países, principalmente de América (20%), la Unión Europea (8%), y el Magreb (8%). La participación andaluza ocupará el 55% de los 150 expositores empresariales, mientras que de las restantes Comunidades Autónomas sólo habrá alrededor del 5%. La feria, según Zarrías, pretende convertirse en una "plataforma" para promocionar actividades diseñadas por mujeres e impulsar la cooperación empresarial entre distintos países y sectores de actividad para favorecer el "acceso a nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos o servicios". El Instituto Andaluz de la Mujer, que prevé que el certamen reciba unas 5.000 visitas, aporta 40 millones de pesetas para la celebración de la muestra, cuyo presupuesto total alcanza los 100 millones de pesetas. El Fondo Social Europeo y la Dirección General de Asuntos Europeos financia los 60 millones de pesetas restantes con contribuciones iguales. En paralelo al certamen se organizarán unas jornadas internacionales sobre cooperación entre empresarias, conciertos y reuniones de negocios. Por otra parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, informó de los contactos establecidos con la Dirección General de Política Interior para dotar de seguridad a los ocho centros de la mujer y evitar que la plantilla sufra amenazas de los agresores de las mujeres acogidas. El caso que ha motivado la petición de protección policial ha ocurrido en Sevilla, donde el personal del Centro de la Mujer padece amenazas reiteradas del ex marido de una de las víctimas de malos tratos que reside en una de las casas de acogida. La directora provincial, Araceli Rubio, explicó ayer que han presentado varias denuncias por las sucesivas amenazas de este hombre, que incluso cuenta ya con una sentencia condenatoria. Zarrías dejó entrever que, si la insuficiencia de efectivos policiales impide la protección de agentes autonómicos, se buscarían "otras soluciones", en alusión a la posible contratación de empresas privadas de seguridad. "No podemos permitir que los trabajadores sufran situaciones de inseguridad", dijo.