Las instituciones deciden llevar a los rumanos a un cuartel de Villaverde

Madrid - 15 jul 1999 - 00:00CEST

Las instituciones madrileñas han decidido trasladar provisionalmente al cuartel de ingenieros Capitán Arenas, de Villaverde, junto a la Ciudad de los Ángeles, a los 280 inmigrantes rumanos que expulsaron el 8 de julio del poblado de Malmea (Fuencarral) y que días después trasladaron junto a la avenida de Burgos. Representantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y de la Delegación del Gobierno confirmaron ayer a EL PAÍS esta decisión. El martes, estas instituciones descartaron, por consejo de organizaciones como la Cruz Roja y la Comisión Católica de Migraciones, alojar a estas familias en edificios o recintos cerrados "por el carácter nómada" de los inmigrantes rumanos, y propusieron llevarlos a cinco campamentos dotados con los servicios básicos y tiendas de campaña. El Ayuntamiento de Madrid se comprometió a encontrar los suelos idóneos para los asentamientos en 24 horas.

Pero ayer, al cumplirse el plazo, el Consistorio admitió que no había encontrado los terrenos adecuados, por lo que entre las tres administraciones acordaron buscar un lugar alternativo donde albergarles hasta encontrar los suelos precisos.

El recinto militar, que lleva seis meses sin actividad castrense, será ese alojamiento provisional para estas familias. Se trata de un cuartel donde se almacenaron los tanques de la guerra de Corea y que en estos momentos sólo alberga a unos pocos militares, según explican vecinos de la zona. El recinto, de 300.000 metros cuadrados, tiene una serie de barracones que se habilitarán para los inmigrantes. El Ayuntamiento recalificó este espacio del Ministerio de Defensa para que se pudieran hacer unos 1.500 pisos. En la zona se han celebrado numerosas manifestaciones vecinales para reclamar equipamientos sociales en el solar o, en su defecto, que no se construyan en él más de 500 casas; la mitad, sociales. PASA A LA PÁGINA 3

Diseño de los campamentos

El Ayuntamiento estudió y descartó tres terrenos del sur para asentar a los rumanos

Cruz Roja y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad, han diseñado los futuros campamentos donde se alojará a estas familias rumanas. Se tratará de asentamientos formados por tiendas de campaña de gran tamaño. Algunas de las carpas se destinarán a servicios comunes como cocinas, aseos y despachos de las ONG que los gestionen, y el resto, dotadas con literas, al alojamiento de las familias. El Gobierno regional calcula que cada núcleo costará en torno a los 12 millones de pesetas. Son campamentos como los que Cruz Roja instala para albergar a refugiados o a víctimas de catástrofes.

La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, atribuyó a la "negligencia y la incapacidad por parte del Ayuntamiento en el poblado de Malmea" que la atención a 200 personas se haya convertido "en un asunto de Estado". Reclamó la regularización de los afectados para su integración y el alojamiento en albergues fijos, no en campamentos. "¿Cómo es posible que en el Ayuntamiento no haya recursos en los servicios sociales para resolver el problema? ¿No decía el alcalde que en Madrid hay los mejores y más modernos servicios sociales de Europa?", se interrogó.

El delegado del Gobierno, Pedro Núñes Morgades, ha asegurado que si la integración de estas familias avanza, se les podría conceder un permiso temporal de residencia por razones humanitarias. Ahora la mayoría son inmigrantes en situación irregular.

Nueva Izquierda tacha de "remiendo chapucero" la creación de campamentos, y la concejal del PSOE, Noelia Martínez, cree que el objetivo de las decisiones institucionales sobre este tema es "vender la foto y esperar las reacciones, dando una imagen vergonzosa".

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Calvo, considera que existe "cierta hipocresía" en el discurso de la izquierda en materia de integración social. "Critican la situación creada en Malmea cuando los alcaldes socialistas se han negado a realojamientos de chabolistas en sus municipios", explica. Se refiere a la negativa de los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada a acoger en sus municipios a chabolistas gitanos de la capital porque consideran que ese problema lo debe resolver el Consistorio madrileño.

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