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Precios abusivos en la cárcel

Un juez estima la queja de 150 presos contra los caros productos del economato de su prisión

Los internos de la prisión de Topas (Salamanca) han ganado la batalla que mantenían contra los precios del economato de su penal. Ciento cincuenta de ellos remitieron una queja a finales del año pasado al juez de vigilancia penitenciaria de León, Juan Pablo González del Pozo, suplicándole que intercediera ante la carestía de productos que fustigaban sus frágiles pecunios. Y es que no entendían por qué un litro de leche de igual marca, por poner sólo un ejemplo, costaba dentro del penal cinco duros más que en cualquier centro comercial de la ciudad. Aun en contra del criterio del fiscal, que sostenía que la materia no era competencia del juzgado de vigilancia, el magistrado se tomó en serio el aluvión de quejas y comenzó a investigar. Visitó por sorpresa el economato y levantó acta de los precios "de 39 artículos de primera necesidad (aceite de oliva, agua, atún en aceite, champú, jabón, leche, galletas normales y rellenas, cereales, batidos...)". Con la lista en la mano y la ayuda de sus funcionarios, se desplazó al Pryca de Salamanca, cercano al penal, y al centro comercial Eroski de Zamora y cotejó precios. Así, comprobó "que sólo dos productos" de los encontrados en Pryca eran ligeramente más caros -"tres pesetas más en uno de 466 y 37 más en otro de 142"- que sus homólogos del economato. En cambio, el precio de los restantes productos "era muy superior" en el penal. Los había "hasta 193 pesetas más caros", es decir, el mismo artículo que en la prisión valía 532 pesetas, podía ser adquirido en Pryca por 339, pese a ser de la misma marca y tamaño. El contraste de precios en el Eroski de Zamora avaló todavía más las airadas quejas de los internos.

Concluidas las comprobaciones, el juez dictó el 27 de mayo un auto -en el que incluye una tabla comparada de precios, pero sin especificar el tipo de artículo- en el que insta al director de la prisión (una de las más grandes de España, con unos 1.500 internos) a que en lo sucesivo "evite que los precios de los productos rebasen los que fijan los grandes supermercados existentes en las ciudades de Salamanca y Zamora". El juez recuerda al director "la precariedad de medios" que en general flagela a la población reclusa y le advierte de que el reglamento penitenciario establece que los precios de los economatos deben ser equiparables a los que rigen en los mercados de la zona donde se ubique el centro, nunca más altos.

Antes de recibir esa orden, el director explicó por escrito al juez que la explotación del economato de Topas había sido adjudicada, en 1997, a la empresa Santos Vending Salamanca, SL. Y que se había hecho así, entre otras razones, ante las arbitrariedades y "prácticas irregulares (deudas, fiados, desfalcos...)" detectadas cuando la explotación era competencia del centro y los tenderos eran los propios reclusos.

Insatisfecho con las explicaciones, el magistrado no sólo estimó la queja sobre los precios abusivos, sino otras dos también referidas al funcionamiento del economato: que no se exhiben las marcas y características de los productos susceptibles de adquirirse dentro del centro y que no se proporciona a los internos el tique original de los artículos que encargan del exterior por no estar disponibles en el penal, sino "un albarán", único comprobante que les facilita la empresa adjudicataria. "Fácilmente puede comprenderse", remacha el juez en su auto, amparándose en el artículo 302.2 del Reglamento Penitenciario, "que también procede estimar esta petición. Como es obvio", agrega, "el sentido del [citado] precepto reglamentario es permitir al interno identificar con precisión lo que puede comprar, cosa que no se producirá si se oculta el dato esencial de la marca del producto y sus características esenciales de peso, capacidad o medida". Y para quien entienda que efectúa una interpretación extensiva del reglamento, el juez indica que por encima de éste existe la Ley del Consumidor, aplicable a todo ciudadano, sea o no preso, que establece "como derecho irrenunciable" la obligación de facilitar "una información completa" acerca de los productos que se expenden en los locales públicos.

"Lo que se ha hecho en Topas, al igual que se está haciendo en los centros penitenciarios de nueva construcción, es convertir los economatos en empresas mercantiles puras y duras", lamenta José Luis Pascual, delegado sindical de ACAIP, sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones. "Y ahora pretenden hacer lo mismo con los servicios de cocina", añade.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de julio de 1999