Los dos magistrados propuestos por el Gobierno socialista discrepan entre sí

Ante el debate que mañana iniciará el pleno del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones suelen verse en clave política, fuentes de la institución resaltan que dos de los magistrados que mantienen entre sí una discrepancia más firme respecto al recurso de HB contra la sentencia que condenó a sus antiguos dirigentes fueron propuestos al mismo tiempo, en 1995, y por el mismo Gobierno, el socialista que presidía Felipe González. Se trata de Manuel Jiménez de Parga, ponente del primer borrador contrario a la estimación del recurso, y Tomás Salvador Vives, cuyas opiniones a favor del recurso de HB tienen mucho peso en el pleno por su condición de catedrático de Derecho Penal. Además, según las mismas fuentes, la posición de un magistrado propuesto por el Gobierno socialista, como Jiménez de Parga, favorable a avalar la sentencia del Supremo de la que fue ponente Roberto García-Calvo, no guarda relación con la pretensión del PP de proponer como magistrado del Constitucional a García-Calvo.

Entre los cuatro magistrados que apoyaron a Jiménez de Parga en su frustrada elección como presidente y a favor de su ponencia sobre el recurso de HB figuran igualmente dos juristas llevados al Constitucional por el PP: el veterano catedrático Fernando Garrido Falla y el magistrado del Supremo Vicente Conde Martín de Hijas. Tampoco resulta cierto, según señalan las mencionadas fuentes, que el alineamiento de los magistrados respecto a las sentencias del Tribunal Supremo dependa de que procedan del mismo o, por el contrario, tengan su origen profesional en la cátedra. Respecto a la sentencia que condenó a la antigua Mesa de HB, los magistrados que proceden del Supremo -Conde Martín de Hijas y Rafael Mendizábal- están a favor de que se avale la sentencia del Supremo impugnada por HB, mientras que otros dos magistrados del Supremo -Pablo García Manzano y Pablo Cachón- votaron a favor de su anulación al oponerse a la propuesta de sentencia de Jiménez de Parga de desestimar el recurso.

En cuanto a las críticas respecto a que el Constitucional anule la sentencia del Supremo que condenó a HB, desde el órgano máximo intérprete de la Constitución se ha confirmado esta semana que son "varios centenares" las sentencias del Supremo anuladas por el Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Tampoco atribuye validez el Tribunal Constitucional a las interpretaciones que vinculan sus decisiones con determinadas coyunturas políticas. Fuentes del mismo niegan que la sentencia sobre el recurso de HB tenga que ver con la tregua de ETA o que pretenda molestar al Gobierno, o hacerle un regalo que contribuya a la distensión de la situación política en el País Vasco.

Insisten en que los magistrados se mueven por razones jurídicas y, en especial, por el respeto a la Constitución y el Estado de derecho, hasta el punto de que, para resolver el recurso contra la condena del Supremo a la Mesa de HB, varios de ellos tienen que superar el recuerdo del que fue su presidente, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA y de cuyo atentado HB responsabilizó a "la intransigencia y cerrazón" del Gobierno y las fuerzas políticas. Los magistrados quieren deliberar y decidir sin presiones.