La excarcelación de la Mesa de HB divide al Constitucional

El comienzo mañana de la deliberación de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de sentencia del vicepresidente Carles Viver, que propone la anulación de la condena a la antigua Mesa de HB y la excarcelación de los 22 miembros de la misma que permanecen en prisión, ha creado tensión en el seno de la institución, desde cuya presidencia se pide atención a "las razones de la decisión, sea la que sea", y se rechaza la especulación política.

En el origen de la tensión actual está el clima en el que se produjo la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que condenó a siete años de cárcel a cada uno de los 23 ex dirigentes de HB y que ahora será probablemente anulada. La sentencia, dictada en noviembre de 1997, absolvió a los acusados por el fiscal de pertenencia a banda armada y apología del terrorismo y, con base en la pretensión de ceder los espacios electorales de los comicios de marzo de 1996 para la emisión de un vídeo de ETA, les condenó por colaboración con la banda armada en plena efervescencia terrorista.

Entre el rosario de atentados de ETA durante los últimos años estaba presente en la memoria colectiva el que en abril de 1995 estuvo a punto de costar la vida al entonces presidente del PP y más tarde presidente del Gobierno, José María Aznar, y los que asesinaron en febrero de 1996 al socialista Fernando Múgica Herzog, un año después al ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente y en julio de 1997 al concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco.

La sentencia contra los antiguos dirigentes de HB, sistemáticamente opuestos a condenar la violencia terrorista, fue recibida en la sociedad española con satisfacción. La sala que dictó aquella sentencia estuvo formada por su entonces presidente, José Augusto de Vega, y los magistrados Ramón Montero (ya fallecido) y Roberto García-Calvo.

El ponente y encargado, por tanto, de redactarla fue este último, cuya designación como magistrado del Supremo originó en su día mucha polémica por su ultraconservadurismo y por haber sido gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Almería. García-Calvo elaboró una sentencia condenatoria muy fundamentada, pero que varios compañeros suyos de sala han asegurado reiteradamente que no habrían suscrito.

El catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde ha estimado igualmente que la sentencia carece de base condenatoria, dada la inconsistencia delictiva de la pretendida emisión de un vídeo de ETA en una campaña electoral, durante la cual el margen de la libertad de expresión es especialmente alto, así como por la utilización del silencio de los acusados como medio de prueba.

Incluso la imagen de tres pistolas sobre la mesa, en torno a la que aparecían sentados tres encapuchados con el anagrama de ETA a la espalda, en el vídeo destinado a difundirse -cuya emisión fue impedida por el juez Baltasar Garzón-, ha sido evaluada indulgentemente desde el punto de vista penal en estos sectores jurídicos, en contraste con el valor incriminante que le atribuye la sentencia.

Dictada la sentencia y encarcelados los 23 condenados -Jon Idígoras fue excarcelado poco después por razones de salud-, la gran mayoría de la opinión pública o publicada se dio por satisfecha, en especial los allegados a las numerosas víctimas del terrorismo. También se aceptó como razonable que el Tribunal Constitucional denegara la suspensión de las condenas mientras se tramitaba el recurso de amparo, presentado a finales de 1997 por los abogados de HB.

Sin embargo, en el propio Tribunal Supremo y entre los penalistas no se descartaba que el Constitucional o en su caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminaran contradiciendo la sentencia.

La privación de libertad de los recurrentes hizo que el Constitucional se comprometiera a dar prioridad a este recurso, como suele hacerse cuando no se suspende la condena. Pero en el camino hacia su resolución se interpuso la renovación de cuatro magistrados, que exigió una larga negociación entre el PP y el PSOE iniciada en febrero y terminada en octubre de 1998.

Una de las cuestiones que complicó la negociación fue la insistencia del PP en que uno de los nuevos magistrados del Constitucional fuera García-Calvo, quien confirmó a sus compañeros de sala la oferta recibida.

El PP no logró su propósito, pero de alguna forma la condena de HB ha venido estando presente en la vida interna del Tribunal, ya que el magistrado al que correspondió ser ponente del recurso, Manuel Jiménez de Parga, presentó su candidatura a la presidencia, que fue derrotada por los siete votos que obtuvo Pedro Cruz Villalón, los mismos que el 27 de mayo se opusieron a la ponencia del frustrado candidato a presidente, contraria al recurso.

El borrador de sentencia del nuevo ponente, favorable a la estimación del recurso por falta de pruebas de la condena, se debatirá en el seno de un tribunal fracturado. Desde la presidencia se pidió el viernes que los medios expliquen "la motivación y las razones en que se base la decisión, sea la que sea, para que se compruebe que no se trata de un capricho ni se especule con que responde a coyunturas políticas".