La paz de las armas en Argelia

Desde mediados de junio hemos observado cómo se iba creando en Argelia una puesta en escena in crescendo a través del anuncio, con gran aparato mediático, de diversos acontecimientos: comunicado del cese el fuego de la rama armada del FIS, anuncio por parte del presidente argelino de un proyecto de ley sobre la "concordia civil" para la inserción de los miembros de dicha guerrilla islamista, carta de Abasi Madani bendiciendo dichas iniciativas; para alcanzar, según se aproximaba la simbólica fecha del 5 de julio, aniversario de la independencia, su gran eclosión con la liberación de miles de argelinos encarcelados -en su mayor parte, de manera arbitraria por su proximidad al movimiento islamista-, y todo ello presentado como el desenlace de la paz para la castigada sociedad argelina, en guerra civil desde 1992. Pero, en realidad, ¿hay algo verdaderamente nuevo en el proceso actual o más bien se trata de rentabilizar al servicio del nuevo presidente de la República una situación que existía de manera solapada desde 1997, a la espera de encontrar el mejor momento para presentarla en beneficio del régimen? ¿Se puede considerar este proceso como el arranque de un cambio político o más bien estamos ante una nueva estrategia de supervivencia del poder para mantener el statu quo que le permite controlar la renta y la sociedad argelinas con el beneplácito de la comunidad internacional?

El cese el fuego por parte de la rama armada del FIS, el Ejército Islámico de Salvación (EIS), se remonta a septiembre de 1997, y desde entonces ha sido una realidad que pasó casi inadvertida porque ni se le dio alcance mediático ni tuvo respuesta pública por parte del régimen, quedando en el más absoluto secreto su concreción. Pero, al lograr esta tregua indefinida, el Ejército argelino lograba finalmente neutralizar a su verdadero oponente. Militarmente muy acosado y sometido a una guerra psicológica en la que se le confundía y adjudicaban las atrocidades cometidas por el GIA, el EIS ponía fin a una lucha armada que no tenía posibilidades de triunfar, en tanto que, inhibiéndose de la violencia, trataba de demostrar que no era el responsable de esos aberrantes actos contra civiles. Por ello, en esta toma de decisión tuvieron una influencia capital las terribles matanzas que se desencadenaron en agosto de 1997, cuyos autores nunca han sido verdaderamente identificados. Por su parte, para la rama política, el FIS, marginado del ámbito institucional del país y sin apoyos exteriores determinantes, el diálogo con el poder es una inevitable opción estratégica, dada su difícil situación. No obstante, no hay que olvidar que, por el momento, Alí Benhadj guarda un absoluto silencio y Abdelqader Hachani, junto con otros tres líderes del FIS, se ha manifestado muy reticente.

Con respecto a la Ley de la Concordia Civil, que es el eje fundamental en el que el presidente Buteflika basa este proceso de reconciliación, en realidad no es sino una versión revisada de la llamada ley de rahma (clemencia), que existía desde 1995 para aquellos islamistas dispuestos a dejar las armas, y, al igual que ésta, se queda en el ámbito policial y de la seguridad, sin que integre ningún acuerdo de tipo político: es de naturaleza puramente penal, se dirige a criminales sin utilizar ninguna calificación política y silencia todos los actos de torturas, secuestros, desaparecidos..., que han sido muchos en estos años en Argelia. Es más, los miembros que compondrán los comités encargados de aplicar esta Ley de Concordia Civil representan sobre todo al Ejecutivo frente al judicial, con presencia mayoritaria de los órganos policiales y de la seguridad.

Por tanto, el proceso actual argelino tiene muchas sombras y promueve muchas dudas, entre las que destacan la falta de transparencia y la ausencia de dimensión política, puesta de manifiesto por la total marginación de los partidos (incluido el propio FIS, dado que no es el resultado de una negociación política entre el Gobierno argelino y los líderes del FIS, sino un cese el fuego entre el Ejército y la guerrilla del EIS y una concesión de clemencia para algunos por parte del presidente de la República). Si bien es verdad que se dan pasos adelante como un relativo reconocimiento del adversario y la expresión de la necesidad de poner fin definitivamente a la violencia, también es cierto que eso es lo que la oposición argelina viene reclamando desde la Plataforma de Roma en enero de 1995. Sin embargo, su reclamación de una reconciliación nacional política en el marco de un pacto democrático discutido y firmado por todos no entra de ninguna manera en el proyecto actual del régimen argelino. Más bien parece lo contrario; es decir, con esta Ley de Concordia y este marco de paz hecho "a medida" para el protagonismo del presidente, el poder evita una vez más la exigencia de una solución realmente política lograda por un Congreso nacional de la paz que integre a todos los partidos, incluido el FIS, y que abra un proceso de democratización y reforma estructural del modelo político y económico.

Bien al contrario, estamos ante un proceso que ha despreciado e ignorado de nuevo a la sociedad política, justo en un momento en que, tras las elecciones presidenciales de abril, se abrió una dinámica unitaria entre los líderes de la oposición que se retiraron denunciando el fraude electoral e iniciaron un proceso de organización y movilización política de la sociedad argelina con cierto futuro. Frente a esto, la dimensión política parece más bien limitarse a los beneficios que de este proceso en marcha se desprenden para la persona del presidente Buteflika y para el régimen. Esto es, compensar la falta de legitimidad del proceso electoral en el que Abdelaziz Buteflika fue elegido jefe del Estado, para lo cual va a convocar un referéndum en julio que le servirá de plebiscito, con la seguridad de que ¡quién va a oponerse públicamente a la paz!; limpiar la imagen del régimen, sobre todo en el exterior, tras una campaña electoral presidencial en la que el tema central fue la corrupción y su responsabilidad en la violencia, y acallar las voces que desde hace tiempo denuncian la situación de los derechos humanos en Argelia. Y todo ello sin ningún reparto del poder y sin ninguna oferta de reforma jurídica ni político-institucional. Pero sí en el momento en que Argel va a acoger, la semana que viene, la celebración de la cumbre de la Organización de la Unión Africana, ocasión en la que se quiere reactivar la dimensión internacional de Argelia e incluso hacer caer a los argelinos en el espejismo de la era Bumedián, cuando Argelia gozó de protagonismo internacional con Buteflika como ministro de Exteriores (pero en la que la autocracia y la persecución del contrario político eran la regla).

De ahí que todo muestre que, si la situación no cambia de manera radical e inesperada, la concepción que de la paz parece tener el régimen argelino es la de la "paz de las armas", pero no la paz política, que exige un marco moral y ético y unas reglas transparentes respetadas por todos; así quizás se contenga la sangría de los últimos años, pero no solucionen los enormes problemas económicos y políticos que padece Argelia, que, no olvidemos, fueron el origen de la guerra y son, además, una terrible forma de violencia contra una ciudadanía que exige cambios y no obsoletas vueltas a un pasado cuya edad de oro sólo existe en el recuerdo de unos pocos.

Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid.