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Editorial:

Exámenes y radares

Los accidentes de tráfico constituyen un grave problema social. Su coste en vidas humanas es muy elevado -6.000 personas murieron en las carreteras el año pasado- y su coste económico se calcula en torno a los dos billones anuales en España. La decisión del Gobierno de imponer un examen o curso de reconversión a los conductores que cometan tres infracciones graves o dos muy graves en un periodo de dos años debe entenderse como una iniciativa correcta para atenuar esta hemorragia de pérdidas humanas. La mayor parte de los accidentes mortales se producen cuando el conductor o conductores vulneran las normas sustanciales de una conducción prudente, que pueden reducirse fácilmente a dos: no conducir bajo los efectos del alcohol y mantener los límites de velocidad. Cuando estos dos preceptos se vulneran, las probabilidades de accidente aumentan exponencialmente. El sentido común impone que las infracciones de tales normas sean consideradas como graves o muy graves, y que quienes ponen en peligro la vida de los demás -y la suya- sean castigados con mayor severidad.

Pero reducir los límites sancionables de alcoholemia o castigar con un examen a los infractores recalcitrantes no resuelve la cuestión, a pesar de su carácter ejemplarizante. Para reducir de verdad los accidentes de tráfico, las sanciones deben ser consideradas como un castigo referido a una cultura social de tráfico mayoritariamente respetada, cultura que hoy no existe. Para impulsarla es necesario mejorar las medidas de acceso inicial al carné de conducir, cuyas pruebas son actualmente una carrera de obstáculos que el aspirante encara de mala gana. Quien se pone por primera vez al volante debe ser consciente de que su responsabilidad social es tan elevada como pueda serlo, por ejemplo, la profesional.

El Estado también tiene su cuota. La sustitución de los pasos a nivel debe continuar y no se deben abandonar las inversiones en mejora de las carreteras. Las medidas de control de velocidad deben ampliarse, pero con el máximo acuerdo social. No es una decisión recomendable aplicar sanciones a partir de controles ocultos de radar que sorprenden al conductor. Si su aplicación produce un elevado número de reclamaciones y denuncias contra la Administración, su efecto beneficioso quedará totalmente anulado por la hostilidad que despierten entre los conductores. Afrontar el problema del tráfico es algo más que aumentar las multas, y no está claro que el Gobierno se haya dado cuenta de ello.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de julio de 1999