La ley excluye de la atención social a inmigrantes sin papeles

Asunción Miura reconoce que la Ley de Servicios Sociales vigente sólo garantiza la atención a inmigrantes con permiso de residencia. "La modificación de la Ley para salvar ese obstáculo sería importante pero insuficiente", señala Miura. "Cuando una mujer entra en una casa refugio de la Comunidad de Madrid", explica, "se intenta elevar su autoestima para que, después, se integre en el mercado laboral y consiga una vivienda. Pero a una inmigrante sin documentos le está vedado un empleo, y mucho más difícil le resulta conseguir una vivienda. Por eso, si entrase en una casa refugio y viera cómo otras mujeres salen y encuentran trabajo y vivienda, se frustraría aún más". Pedro Calvo Poch, portavoz del grupo parlamentario del PP, apoya todos estos argumentos e insiste en que la Comunidad de Madrid, "en sus centros", atiende a todos los inmigrantes, estén regularizados o no. "El problema que se puede encontrar el funcionario que presta una asistencia social a una inmigrante con problemas de maltrato familiar y sin documentos es cómo le busca un trabajo si previamente no le ha regularizado su situación, algo que no depende de él", señala Calvo. "Hay un problema complejo que es lo que habrá que corregir. ¿Eso se va a conseguir modificando la Ley de Servicios Sociales? No si sólo se modifica la palabra residente que, según creó, se pensó en su día y se introdujo en la ley para delimitar responsabilidades de cada ayuntamiento respecto a sus residentes", comenta el portavoz del PP. Pedro Calvo considera más necesario reformar la ley para añadir un nuevo artículo "que prevea la situación de los no regularizados y garantice la asistencia a los mismos".

La proposición de ley que prepara IU, según Mercedes Galindo, estará dirigida básicamente a la reinserción y al "papel fundamental" de los ayuntamientos en los departamentos de servicios sociales. "Lo que queremos es que se trate a las personas con igualdad. Además, no se trata de solucionar este tipo de problemas a corto plazo, sino de disponer de suficiente personal calificado para atenderlos", concluyó Galindo.

La portavoz en funciones del grupo parlamentario socialista en el área de la mujer, Helena Almazán, también anunció que su partido propondrá una reforma que no deje a los ciudadanos sin esta atención social. "Por tener una situación irregular no se puede rechazar a estas mujeres, que prácticamente están al límite. Deben ser igualmente atendidas", declaró Almazán.

La diputada del PSOE recordó que este tipo de situaciones ya se había presentado antes en la Comunidad. "Hace un año tuvimos el caso de una persona que no tenía documentación y que además estaba en estado de gestación. Afortunadamente, conseguimos que fuera recibida en una casa de acogida".