La ley excluye de la atención social a inmigrantes sin papeles

Madrid - 05 jul 1999 - 00:00CEST

Las organizaciones no gubernamentales que atienden a inmigrantes sin permiso de residencia en Madrid han alertado sobre la discriminación que padece este colectivo en los departamentos de Servicios Sociales de algunos ayuntamientos. "Amparándose en la Ley regional de Servicios Sociales", cuenta Ángel Carrasco, integrante de la Asociación de Promoción de Servicios Sociales, "los funcionarios de dos municipios, uno del norte y otro del este de la Comunidad de Madrid, han rechazado la solicitud de dos mujeres inmigrantes, una de ellas con un hijo a su cargo, que habían sido maltratadas por sus maridos y que querían ingresar en una Casa Refugio de la Comunidad de Madrid". La Ley regional de Servicios Sociales se modificó en 1994, a petición de Izquierda Unida, para que los inmigrantes pudieran ser atendidos en los centros públicos. En la redacción de esa ley se precisó que tendrían derecho a la asistencia en los servicios sociales de los municipios todos los inmigrantes residentes en la Comunidad de Madrid. El término residente implica un permiso de residencia del que, en muchos casos, carecen los extranjeros que acuden a las administraciones públicas en busca de ayuda.

Hace tan sólo unos meses, el Ministerio de Trabajo decidió facilitar tarjetas a inmigrantes sin documentos para garantizar su asistencia sanitaria. La Comunidad de Madrid aprobó en agosto del año pasado un decreto que aseguraba la asistencia a todos los inmigrantes, también a los que carecieran de permiso de residencia, en los servicios hospitalarios dependientes de la administración regional. Con esas medidas se eliminaron los obstáculos jurídicos para la atención sanitaria de inmigrantes. Pero los inconvenientes jurídicos vigentes para recibir una asistencia social se mantienen intactos.

Los tres grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid (IU, PSOE y PP), que inicia esta semana su quinta legislatura con la investidura del presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, adelantaron a EL PAÍS que preparan reformas legales para que la Ley de Servicios Sociales ampare a los inmigrantes no regularizados.

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Permiso de residencia

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La Comunidad "garantiza" la asistencia social a "todos los inmigrantes" que soliciten sus servicios

Asunción Miura reconoce que la Ley de Servicios Sociales vigente sólo garantiza la atención a inmigrantes con permiso de residencia. "La modificación de la Ley para salvar ese obstáculo sería importante pero insuficiente", señala Miura. "Cuando una mujer entra en una casa refugio de la Comunidad de Madrid", explica, "se intenta elevar su autoestima para que, después, se integre en el mercado laboral y consiga una vivienda. Pero a una inmigrante sin documentos le está vedado un empleo, y mucho más difícil le resulta conseguir una vivienda. Por eso, si entrase en una casa refugio y viera cómo otras mujeres salen y encuentran trabajo y vivienda, se frustraría aún más". Pedro Calvo Poch, portavoz del grupo parlamentario del PP, apoya todos estos argumentos e insiste en que la Comunidad de Madrid, "en sus centros", atiende a todos los inmigrantes, estén regularizados o no. "El problema que se puede encontrar el funcionario que presta una asistencia social a una inmigrante con problemas de maltrato familiar y sin documentos es cómo le busca un trabajo si previamente no le ha regularizado su situación, algo que no depende de él", señala Calvo. "Hay un problema complejo que es lo que habrá que corregir. ¿Eso se va a conseguir modificando la Ley de Servicios Sociales? No si sólo se modifica la palabra residente que, según creó, se pensó en su día y se introdujo en la ley para delimitar responsabilidades de cada ayuntamiento respecto a sus residentes", comenta el portavoz del PP. Pedro Calvo considera más necesario reformar la ley para añadir un nuevo artículo "que prevea la situación de los no regularizados y garantice la asistencia a los mismos".

La proposición de ley que prepara IU, según Mercedes Galindo, estará dirigida básicamente a la reinserción y al "papel fundamental" de los ayuntamientos en los departamentos de servicios sociales. "Lo que queremos es que se trate a las personas con igualdad. Además, no se trata de solucionar este tipo de problemas a corto plazo, sino de disponer de suficiente personal calificado para atenderlos", concluyó Galindo.

La portavoz en funciones del grupo parlamentario socialista en el área de la mujer, Helena Almazán, también anunció que su partido propondrá una reforma que no deje a los ciudadanos sin esta atención social. "Por tener una situación irregular no se puede rechazar a estas mujeres, que prácticamente están al límite. Deben ser igualmente atendidas", declaró Almazán.

La diputada del PSOE recordó que este tipo de situaciones ya se había presentado antes en la Comunidad. "Hace un año tuvimos el caso de una persona que no tenía documentación y que además estaba en estado de gestación. Afortunadamente, conseguimos que fuera recibida en una casa de acogida".