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TRIBUNA

Con toda normalidad

A poco que se piense en la situación creada en el Parlamento de Navarra por la presencia de un culpable de asesinato, se comprenderá que una circunstancia de esta naturaleza sólo es posible si el delincuente es a la vez nacionalista. No que nacionalismo y delincuencia vayan siempre de la mano (aunque en este siglo los crímenes más horrendos han sido los cometidos en nombre de la nación), sino que resultaría imposible elegir a un asesino como diputado si no fuera nacionalista: sólo el fanatismo nacional puede extraviar de tal modo las conciencias como para inducir a varios miles de personas a sentirse representados por un convicto de asesinato. Sólo el nacionalismo disfruta de ese plus de legitimidad: cualquier partido no nacionalista que, en nombre de alguna utopía no menos elevada que la nación étnica, presentara asesinos en sus listas cosecharía la repulsa general. Sólo los nacionalistas gozan a los ojos de un sector de ciudadanos de legitimidad para hacerlo; sólo entre nacionalistas podrá encontrar un eco favorable el argumento expresado por el portavoz de EH, Fernando Barrena, cuando nos dice que tenemos que aceptar la presencia de José Luis Barrios "con toda normalidad" porque eso "entra en la legalidad". Jugador de ventaja, el nacionalista utiliza la legalidad cuando sirve a su causa mientras la vulnera con frío cinismo cuando dispara a la cabeza de una persona por ser concejal de un partido con el que ahora aspira a sentarse en el Parlamento.

Demasiado tiempo han disfrutado los nacionalistas de ese plus de legitimidad derivado del mito de la nación truncada: naciones desde la noche de los tiempos, sólo el cruce de otra nación, la española, les habría impedido alcanzar aquella situación a la que toda nación étnica aspira, la soberanía. Tanto tiempo llevamos escuchando que la soberanía nacional es el valor supremo al que todo debe sacrificarse que, al final, el desarme moral de quienes no son nacionalistas pasa por ser la más elegante disposición de espíritu ante exigencias basadas en tal mitología. Las muestras más palmarias de ese estado de ánimo consisten estos días en afirmar que los hechos políticos no pueden juzgarse con criterios morales y que constituye una grandeza de la democracia ver cómo se sienta un asesino entre los representantes elegidos por los ciudadanos.

Nada hay peor que los latiguillos para enfrentarse a la naturaleza de los fenómenos políticos. Pues claro que es un hecho político esa elección, pero los hechos políticos no son datos de la naturaleza sino construcciones de la voluntad; no están ahí, sino que se fabrican. Y es una dejación política, y también moral, connotarlos de fatalidad. No era inevitable que Barrios matara a sus víctimas; no lo era que EH lo haya incluido en sus listas; tampoco que unos electores se hagan cómplices de sus crímenes eligiéndolo como representante. Nada de eso es un hecho en el sentido en que lo es un terremoto; son hechos construidos y por tanto morales a la par que políticos, a los que únicamente se podrá oponer otro hecho moral que es a la vez culminación y garantía de la existencia de una comunidad política: el cumplimiento de la ley.

Pero en el cumplimiento de la ley no se podrá ver en este caso ninguna grandeza de la democracia, sino una de sus más penosas y extremas servidumbres o quizá un fallo del legislador. Ponerse a cantar la presunta grandeza de la democracia al ver cómo este hombre adquiere la condición de diputado significa trivializar la muerte, banalizar la memoria de las víctimas. Grandeza de la democracia será cuando la organización que alentó el mito del triunfo por la muerte reconozca que no hay más camino que el cumplimiento de la ley, de toda la ley, para alcanzar sus objetivos y cuando, como resultado, deje de intimidar a la gente y pida perdón a sus víctimas. Mientras esto no ocurra, que un asesino convicto adquiera la condición de diputado no es nada normal; es sencillamente una aberración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de julio de 1999