"El juez debe mirarse menos el ombligo y pensar más en el ciudadano"

El Consejo General del Poder Judicial reeligió el pasado martes a Guillem Vidal Andreu, de 57 años, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Militante de la minoritaria asociación progresista Jueces para la Democracia, durante los cinco años que Vidal ha ocupado el cargo ha mantenido buenas relaciones con casi todos los sectores relacionados con la justicia, incluso con una parte de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación a la que pertenecía María Eugenia Alegret, la otra aspirante al cargo. Pregunta. Usted ha dicho en muchas ocasiones que la justicia sigue siendo lenta, oscura y, a veces, alejada del ciudadano. ¿No parece que se avance mucho para acabar con esa situación? Respuesta. Tengo la impresión de que en Cataluña la justicia sí se ha acercado al ciudadano y funciona moderadamente bien, dentro de las dificultades generales. Que esto es mejorable, es evidente. La justicia es lenta, pero lo es en Cataluña, en España y en otros países, porque tenemos leyes procesales que no permiten la rapidez deseada. Que la justicia es oscura es cierto, pero eso se puede combatir con medidas como la adoptada también en Inglaterra, donde se ha creado una comisión que sirve para que toda la terminología jurídica que al ciudadano le cuesta entender se vaya traduciendo al lenguaje más vulgar, sin empeorar el lenguaje de la justicia. P. Los jueces también tienen su parte de responsabilidad en mejorar el panorama actual. R. Sin duda, pero las competencias para mejorar la situación están divididas entre la sala de gobierno del TSJC, su presidente, la Generalitat, el ministerio y los jueces. Es verdad que en algún momento a los jueces les ha faltado capacidad de reacción para mejorar la mala imagen que tienen ante los ciudadanos y quizá han reaccionado de una manera corporativa. Los jueces tienen que tomar conciencia de que deben trabajar a dedicación plena, que deben mirarse menos el ombligo y pensar más en el ciudadano. P. ¿La justicia no ganaría también en credibilidad si se fuera más contundente cuando aparecen serias sospechas sobre la honestidad de algunos jueces, como ha ocurrido con la decana de Marbella? R. Ese y otros casos nos hacen mucho daño. Cuando exista, aunque sea solapadamente, una línea torcida en la aplicación del derecho yo reclamo contundencia y rapidez. En estos casos, la justicia debe ser rápida e implacable contra los jueces. P. Durante los cinco años que ha ocupado el cargo ha reclamado sin mucho éxito la necesidad de descentralizar el poder judicial. ¿Piensa seguir insistiendo en esa idea? R. Por supuesto. Cataluña ha sido en los últimos años pionera en muchas cosas, como la creación de una oficina del jurado o los juicios rápidos y en otras cosas. Ahora, para avanzar más se debe dar más autonomía al poder judicial. ¿Cómo? Delegando a las salas de gobierno facultades que tiene el consejo para acercarse más a los problemas y dando más competencias al TSJC en materia de recursos de derecho civil, para que no se obligue al ciudadano a terminar todos sus asuntos en Madrid. Eso lo he dicho en varios foros y algo ha calado, porque esta misma semana he asistido a una reunión de magistrados del Supremo y de presidentes de tribunales superiores para discutir sobre el recurso de casación. Sólo con que se abra el debate me doy con un canto en los dientes. P. ¿Qué piensa de la aplicación de la Ley de Política Lingüística en el ámbito judicial? R. Es una ley acertada en la medida en que la Administración de justicia participa de la Administración en general. Si hay un país que tiene una lengua propia, lo lógico es que su Administración pública la utilice, pese a que se diga que el poder judicial es un poder del Estado o centralizado. Pero es un servicio público. Ahora bien, a golpe de decreto no se va a conseguir la normalización lingüística en la justicia, porque no tenemos una Administración de justicia catalana. Por mucho que nos empeñemos, ni los jueces, ni los fiscales, ni los funcionarios son catalanes de origen en su mayoría. Y eso sólo se arregla a base de una planta judicial catalana y de una justicia catalana. P. Eso requiere muchos años. R. Sí. Se trata de lograr que sea habitual que una persona entre en un juzgado hablando su lengua y quien le responda, sea quien sea, lo haga en esa lengua. Y eso con leyes impositivas no lo vamos a conseguir. P. ¿Es partidario de reformar la Constitución para dar satisfacción a algunas reivindicaciones nacionalistas e incluir el derecho a la autodeterminación? R. No creo que sea el momento adecuado para reformar la Constitución ni creo que haya que reformarla para introducir elementos de reflexión que podrían dar lugar a escisiones ideológicas y políticas. La Constitución ha demostrado que es una gran norma fundamental y un buen instrumento de convivencia ciudadana, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de reformarla, y no creo que sea el momento político oportuno para hacerlo. Otra cosa distinta es que que se haga una reinterpretación amplia y generosa de la Constitución. Yo creo que eso es bueno y posible, y en esa reinterpretación es en la que sitúo la reforma de los tribunales superiores para que sean las últimas instancias judiciales en cada comunidad; sin perjuicio de ello, que haya un Tribunal Supremo que tenga la última palabra en defensa de legalidad y la última palabra en la uniformidad de la doctrina. P. ¿Piensa lo mismo del Estatuto de autonomía? R. Sí, pero además, el Estatuto tiene una previsión que creo que debería revisarse. Y es que impide que en Cataluña se resuelvan recursos de casación en derecho administrativo y penal. P. La amplia mayoría con la que ha sido elegido ha sorprendido en algunos ámbitos, ¿A usted también? R. Yo confiaba en tener un apoyo de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por la labor desarrollada, pero es verdad que el resultado ha sido más amplio del que esperaba. P. ¿Repite en el cargo con ideas nuevas? R. Creo que en estos cinco años se han estabilizado las relaciones institucionales y se ha mejorado la imagen de la justicia en las pequeñas cosas que son competencia del TSJC, como la proximidad y el acceso de la justicia al ciudadano o la normalización lingüística. Pero quedan cosas por hacer, como que la Generalitat finalice la informatización de los órganos jurisdiccionales o la renovación de los edificios, o que se soluciones los problemas de personal. Y si la justicia funciona bien, pues a lo mejor superamos la mala nota que tenemos en las encuestas.