El Gobierno aprueba el desvío del Llobregat, pactado en 1994

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, aprovechó ayer que el Consejo de Ministros había aprobado las obras de desvío del Llobregat (pactadas por todas las administraciones en 1994) para arremeter contra el presidente de la Generalitat y de CiU, Jordi Pujol. Tocino habló de falta de tino por parte de Pujol por haber dicho que el Gobierno no representa nada. En realidad, Pujol no habló del Gobierno, sino del PP, y se refirió exclusivamente a su futuro en Cataluña, eso sí. en tono descalificatorio.

La frase de Pujol "el PP no tiene nada que hacer en Cataluña por razones históricas" se convirtió ayer, en boca de la ministra Tocino, en "el Gobierno no representa nada", acompañada de la correspondiente réplica. Tocino explicó que su Gobierno ha aprobado el desvío del Llobregat porque apuesta por Cataluña y por España, y que con ello demuestra "que es el que está trayendo proyectos con realizaciones concretas". "No se entiende", añadió Tocino, "que ni la Generalitat ni gobiernos anteriores hayan conseguido" atender a las demandas, "algunas históricas", de la sociedad catalana en materia de agua. Isabel Tocino aseguró que la decisión de abordar ahora estas obras está totalmente desvinculada de "cualquier clave electoral". Tocino, que intervino en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, acompañada del portavoz Josep Piqué, daba cuenta de la aprobación de las obras del desvío del Llobregat entre el puente de Mercabarna y la desembocadura, unas obras cuyo importe asciende a 11.648 millones de pesetas y que tendrán un plazo de ejecución de 51 meses. Estas obras estaban previstas en el Plan del Delta del Llobregat, que incluye trabajos cuyo presupuesto original ascendía a medio billón de pesetas. La mayoría de estos proyectos exigen previamente el desvío del río Llobregat. Tal es el caso de la ampliación del puerto de Barcelona, que llegará justo hasta la nueva desembocadura por la ribera norte, y de la depuradora, que se construirá en la misma ribera, una vez modificado el cauce. La depuradora del Llobregat para aguas residuales tiene un presupuesto de 40.000 millones de pesetas, buena parte de los cuales proceden de fondos europeos. Es, según explicó la propia ministra, "el proyecto más ambicioso presentado a los fondos de cohesión, desde un punto de vista medioambiental". La depuradora permitirá tratar las aguas y dar servicio a casi dos millones de personas. Las aguas limpias se utilizarán para la recarga de acuíferos. La variación del cauce recoge diversas medidas de impacto medioambiental y aumenta considerablemente los espacios libres respecto a lo previsto en el Plan General Metropolitano de 1976. En éste, la extensión de espacios libres y parques era de 15 hectáreas, que ahora se multiplican hasta alcanzar las 117. El plan del Delta del Llobregat fue firmado por el Gobierno central y el catalán, así como los ayuntamientos de Barcelona y El Prat, y otras entidades locales, en abril de 1994. La declaración de impacto ambiental se ha prolongado durante cinco años y en los últimos tres CiU ha anunciado la inminencia de la obra cada vez que ha pactado los presupuestos con el Gobierno del PP. El plan del delta incluye, además del desvío y la depuradora, la construcción de vías férreas hacia el puerto y el aeropuerto; la regeneración del frente litoral de El Prat, entre el mar y el aeropuerto, y las obras de consolidación de la costa; la ampliación del puerto de Barcelona con un nuevo dique, y la urbanización definitiva de las márgenes del río, dando carácter urbano a la zona sur e incluyendo la norte en el área logística del nuevo puerto. Una vez terminados los trabajos, la zona se configurará como una de las más potentes del sur de Europa desde una perspectiva de logística, al permitir el trasvase de mercancías y pasajeros entre el puerto y el aeropuerto, apoyados en los servicios ferroviarios (alta velocidad, regionales y cercanías) y una red de carreteras y autopistas de fácil acceso gracias a la pata sur, abierta hace unos meses.