"La justicia navarra sigue teniendo serias deficiencias de infraestructura y de medios"

Rafael Ruiz de la Cuesta (Estella, 1933) es el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Presidente de la Audencia Provincial de Navarra desde 1993 y con 42 años de carrera judicial detrás, ha sido nombrado por el Consejo del Poder Judicial cuando la comunidad foral acaba de asumir las competencias de justicia. Pregunta. ¿Cuál es el reto más inmediato de la Administración de Justicia en Navarra? Respuesta. Sin duda alguna, llevar a buen término los recientes acuerdos de traspaso de competencias alcanzados entre el ministerio y el Gobierno de Navarra, que han tardado muchos años, pero que, finalmente, han llegado y deben servir para mejorar los servicios al ciudadano. El nuevo Palacio de Justicia significó un gran avance en cuanto a medios materiales pero sigue habiendo serias deficiencias de infraestructura y de medios informáticos y el Gobierno foral debe aportar los fondos necesarios para equiparar la justicia con otros servicios de gran calidad en esta región como la sanidad pública, por ejemplo. P. ¿Y en medios humanos? R. En ese terreno el Amejoramiento del Fuero faculta al Gobierno navarro para exigir al ministerio la implantación de nuevos órganos jurisdiccionales. El cuello de botella de lo contencioso-administrativo afecta a toda España. En Navarra había unos seis mil asuntos pendientes acumulados. Y teniendo en cuenta que Navarra es una de las comunidades autónomas de España con mayor producción legislativa y nivel de competencias, la necesidad de solucionarlo era enorme. Para ello han entrado en funcionamiento tres juzgados nuevos. Y en cuanto a los demás órdenes jurisdiccionales, necesitamos más juzgados para implantar los juicios rápidos y necesitamos un cuarto juzgado de Instrucción. P. El País Vasco arrastra un serio problema vinculado a la falta de aspirantes para cubrir numerosas vacantes judiciales en su territorio. ¿Existe ese problema en Navarra? R. En Navarra existen matices de fondo que coinciden con los de Euskadi, fundamentalmente en lo que afecta al fenómeno terrorista y la inmediatez geográfica de los juzgados a ese asunto. Pero hay una diferencia esencial: aquí tenemos un núcleo de jueces navarros que no existe en el País Vasco y que nos está permitiendo cubrir perfectamente bien las vacantes que se producen. También hay una serie de jueces y magistrados procedentes de otros territorios españoles, pero que se han asentado aquí, se han casado, han creado familias y no piensan abandonar la comunidad. De manera que la plantilla judicial está muy bien definida hasta el punto de que cuesta mucho que haya vacantes judiciales en Navarra a pesar de que hay jueces navarros o con afinidad con esta tierra que aspiran a trabajar aquí. En cualquier caso, el País Vasco ha estado peor de lo que está actualmente y hubo momentos en que sólo las ayudas del Gobierno vasco permitieron reforzar las plantillas de jueces. P. Se ha cumplido ya un año sin asesinatos de ETA y la tregua terrorista continúa. ¿Ha facilitado el nuevo clima de paz el trabajo judicial? R. La tregua terrorista y la ausencia de violencia ha afectado a todos los ciudadanos. No sólo a los jueces, sino principalmente a las fuerzas de orden público, a los políticos. A nosotros en Navarra nos ha afectado bastante menos que a otros funcionarios del Estado. Bien es cierto que en el desempeño de nuestra labor notamos claramente esa distensión. P. ¿Qué opina de la progresiva implantación del euskera en los usos judiciales ordinarios? R. Yo he trabajado ocho años en Euskadi, en Bergara concretamente, y mucho más tiempo en Navarra, y conozco el tema del idioma. Quienes no son originarios de estos territorios encuentran muchas dificultades para aprenderla, derivadas de su complejidad. En el País Vasco el problema del uso normalizado del vascuence en la justicia sí ha constituido un problema, cosa que en Navarra no ha ocurrido. Y por eso los mecanismos de aprendizaje se han puesto en marcha con rapidez en los últimos tiempos, incluso con ayudas públicas y tiempo retribuido para su aprendizaje. En Navarra esas clases de euskera no cuentan con ayudas públicas, excepción hecha de una mínima aportación del CGPJ conseguida gracias al apoyo de los vocales territoriales de Navarra, Javier Moscoso, y de Euskadi, Emilio Olabarría. Diecisiete jueces y magistrados los iniciaron y al menos ocho mantienen su asistencia. Algunos son capaces ya de celebrar parcialmente las vistas en euskera, aunque disponemos de la figura del traductor, que es también muy adecuada. Se traducen las sentencias y se remiten en bilingüe las citaciones y mucho papeleo. Toda esta labor tendrá resultados visibles dentro de unos años. P. Navarra necesita una nueva cárcel que sustituya a la actual, pero el emplazamiento rural elegido, Muruarte de Reta, a 20 kilómetros al sur de Pamplona, provoca recelos y el rechazo de sectores de la abogacía. R. Desde luego no sería deseable que permaneciera en el centro de la ciudad una cárcel como la de Pamplona, totalmente obsoleta en sus instalaciones. Es necesaria una cárcel nueva, más digna, que albergue a los reclusos en condiciones adecuadas al cumplimiento de la legislación y permita a los familiares, abogados y funcionarios desenvolverse mucho mejor. Naturalmente, que una cárcel esté en una ciudad o cerca de ella facilita la labor de atención letrada, las visitas, etcétera, pero tiene otros inconvenientes. Sería deseable un consenso político amplio para disponer de una prisión moderna, lo suficientemente cercana a Pamplona como para no empeorar esa necesaria atención a los reclusos, y que fuera el resultado de una negociación con los municipios afectados. En cualquier caso la nueva prisión de Navarra es un problema urgente. P. ¿Cree usted que la corrupción política en Navarra ha acabado? ¿Qué va a pasar con el caso Otano? R. Ese caso que usted menciona está sub iudice. Yo no puedo saber qué es lo que va a pasar. En este momento está pendiente de unas comisiones rogatorias que se han remitido a Suiza y de los datos que los tribunales de aquel país envíen. P. Pero las sentencias del caso Urralburu están recurridas y la investigación del caso Otano apenas avanza. R. Ante todo, hay que acertar en la resolución de los casos y no condenar ni tratar de tener una condena, incluso psicológica, de alguien que no haya cometido ningún delito. Eso lo primero. Si la acusación no tuviera contenido, no se basara en datos ciertos, no debería seguir adelante, pero si hubiera alguna responsabilidad por parte de políticos como fue el caso de Urralburu, aunque tampoco recaiga aún sobre ellos sentencia firme, debe cumplirse la ley. No puedo decir que sea deseable el que aumente el número de casos de corrupción en Navarra. La sociedad navarra no se lo merece. Sería deseable que no hubiera evidencia de que los delitos han existido, aunque si se confirman, los acusados deberán pagar por ello.