Ribó pide cuentas a CiU sobre las comisiones recibidas de De la Rosa

El rastro de sus relaciones con el financiero Javier de la Rosa persigue al Gobierno de Jordi Pujol desde hace años en el Parlamento catalán, y ayer, de nuevo, el consejero de Presidencia, Xavier Trias, rehuyó responder a una pregunta reiteradamente formulada por el presidente de Iniciativa-Els Verds, Rafael Ribó, acerca de ellas. Ribó pidió que explicara la compra de la sede del Consorcio Nacional del Leasing (CNL) por el Gobierno de CiU y, concretamente, dijera si tenía conocimiento de que en esa operación se pagó una comisión de 210 millones de pesetas. Esa comisión habría ido a parar, según Ribó, al desaparecido diario El Observador, promovido por empresarios afines a la coalición nacionalista. Trias ni siquiera aludió indirectamente a este asunto en su réplica a la interpelación de Ribó. El consejero atribuyó al diputado la voluntad reiterada de dañar la imagen pública del Gobierno de CiU "a través de informaciones que no siempre son demostrables". Dijo también que la pregunta pretendía "crear el ambiente y la sensación" de que existen asuntos turbios en la actuación del Gobierno catalán. Pero de la operación inmobiliaria de marras nada dijo.

El asunto por el que Ribó se interesaba es uno de los aspectos de un caso que se ventila en los juzgados: el de la crisis de Grand Tibidabo, una empresa controlada por De la Rosa. La sede de CNL, antecedente de Grand Tibidabo, tasada en 2.200 millones de pesetas por los expertos, fue vendida en 1991 por De la Rosa al Gobierno catalán por la friolera de 4.300 millones. En ella se ubica actualmente el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.

Ya en 1995, CiU evitó, gracias a su mayoría absoluta, la creación de una comisión de investigación parlamentaria para dilucidar si eran ciertas o no las acusaciones de que en esa operación -en la que, según manifestó Ribó a este diario, habría actuado como intermediario Jordi Pujol Ferrussola, el hijo mayor del presidente catalán- se pagó una comisión de 210 millones de pesetas. Esa comisión habría ido a parar a la financiación del diario El Observador, creado por el impulso del que fue poderoso secretario general de la presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta.

Todos los reiterados intentos de Ribó de aclarar este asunto fueron calificados ayer por Trias como "una estrategia de oposición ofensiva, en el sentido de insultante". Pero el diputado le recordó que también CiU dijo eso cuando en el Parlamento catalán se denunciaron el caso Casinos y el caso de Sant Pere de Torelló. Lo que la mayoría absoluta de CiU evitó en su momento que fuera reconocido por el Parlamento catalán en estos dos casos, le espetó Ribó al consejero, "son hoy hechos probados en sentencias condenatorias. En la del caso Casinos se reconoce que hubo financiación irregular de Convergència. Y en el caso de Sant Pere de Torelló, que hubo tráfico de influencias". Sin embargo, el diputado recriminó al Gobierno de CiU que, pese a esas condenas, no haya querido asumir sus responsabilidades políticas.

Eso es, aventuró, lo que pasará también en el caso de la compra-venta de la sede del CNL. El sentido de estas palabras lo aclaró un poco más Ribó fuera ya de la tribuna. Los hechos que el Gobierno de CiU sigue negándose a admitir, explicó, figuran ya en las conclusiones del fiscal del caso Grand Tibidabo.