Los partidos sellan un acuerdo que eleva las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo

Los partidos políticos parlamentarios llegaron ayer a un acuerdo sobre la proposición de ley de ayudas a las víctimas del terrorismo. De este modo cumplían in extremis el compromiso alcanzado en la moción unánime aprobada el 15 de junio, así como las promesas de José María Aznar y Joaquín Almunia en el debate del estado de la nación de tramitarla en el actual periodo de sesiones. El texto, una refundición de las propuestas del Gobierno y el PSOE, cuenta con un largo preámbulo de reconocimiento social a las víctimas del terrorismo; extiende la aplicación de la ley a las víctimas de la extrema derecha y aumenta los baremos de indemnización. Las ayudas por fallecimiento, incapacidad permanente absoluta e incapacidad permanente parcial, cuyas cuantías son el fleco que queda por negociar, se elevarán respecto a lo previsto inicialmente por el Ejecutivo.

El acuerdo implicará que el coste de la iniciativa, que será avalada hoy por los portavoces de los siete grupos parlamentarios, supere los 44.000 millones de pesetas calculados en un principio por el Ejecutivo. A falta de las últimas conversaciones, se mantiene en 65 millones de pesetas la indemnización prevista para quienes sufran gran invalidez. Previsiblemente, los partidos políticos firmarán hoy el acuerdo en un acto público. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Luis de Grandes, y el secretario de comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, iniciaron las conversaciones al comienzo de esta semana para tratar de unificar en un texto las propuestas del Gobierno, que el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, presentó en abril, y de los socialistas, hechas públicas en mayo.

Paralelamente, abrieron conversaciones con los demás grupos: Izquierda Unida, Convergència i Unió, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco y Grupo Mixto.

El texto, cuyos flecos se cerrarán en la mañana de hoy, fusiona ambas propuestas, la del Gobierno y la del primer partido de la oposición, con algunas aportaciones de los demás grupos. Un largo preámbulo de la proposición de ley ofrece un testimonio de "reconocimiento, honor y gratitud" a las personas que han padecido directamente la violencia terrorista.

El documento recoge con ello una de las reclamaciones que, de manera más insistente, han venido presentando las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo. A última hora de ayer, los partidos trataban de materializar ese reconocimiento en alguna condecoración civil a los damnificados.

Los abogados de Atocha

El nuevo texto de la proposición de ley de víctimas del terrorismo recoge una definición más clara de los actos que dan lugar a la aplicación de la ley para que incluya también a las víctimas de los grupos de extrema derecha durante la transición democrática. De este modo, la proposición de ley recoge de manera clara a los abogados laboralistas de la calle de Atocha asesinados en enero de 1977, o el estudiante madrileño Arturo Ruiz, víctima mortal de la extrema derecha en octubre de 1976. El documento, además de hacer beneficiarios a las víctimas o, en caso de fallecimiento a sus familiares, incluye también a las parejas de hecho. Izquierda Unida pretendió introducir sin éxito a las víctimas en las manifestaciones reprimidas durante la transición democrática cuando los cuerpos de policía aún no estaban absolutamente democratizados.

El monto de las indemnizaciones ha sido objeto también de una larga negociación. La propuesta del Gabiente de José María Aznar defendía el respeto a las sentencias judiciales y ofrecía un baremo mínimo para aquellos casos en que no había habido fallo o en los que su cuantía resultaba muy reducida. A la vista de que existe un gran desequilibrio entre las últimas sentencias judiciales, que dictan indemnizaciones muy altas frente a las de hace 10 o 20 años, los socialistas, en un texto alternativo plantearon un baremo único y elevado para todos.

Luis De Grandes y Alfredo Pérez Rubalcaba acordaron ayer una solución de compromiso: se respetarán las indemnizaciones dictadas por las sentencias judiciales y se elevará el baremo mínimo para compensar las más bajas.

Los socialistas en su texto alternativo habían ofrecido para los supuestos de fallecimiento un aumento de 21 millones a 30 millones de pesetas respecto a la propuesta gubernamental; para la incapacidad permanente parcial un incremento de 3,5 a cinco millones; para la incapacidad permanente total, de siete a 10 millones, y la incapacidad permanente absoluta de 14 a 20 millones de pesetas. A última hora de la tarde, según la agencia Efe, se concretaba el pacto en las siguientes cantidades: las ayudas por fallecimiento pasarían de 21 a 23 millones; por incapacidad permanente absoluta, de 14 a 16 millones; y por incapacidad permanente parcial, de 3,5 a 4 millones. A medio camino entre las propuestas del Ejecutivo y las de los socialistas.

El nuevo texto también recoge nuevas medidas de apoyo, reclamadas por las asociaciones de víctimas del terrorismo, como la exoneración de todo tipo de tasas académicas a los afectados por ese tipo de violencia y a sus cónyuges e hijos, así como la garantía del acceso gratuito a todo tipo de instrumentos protésicos y ortopédicos para asegurar la recuperación y las condiciones de vida de los afectados.

El documento de consenso mantendrá la fecha de aplicación de la ley que propuso el Gobierno, esto es, desde el 1 de enero de 1968, año en que ETA comete su primer asesinato y, a propuesta del PSOE, deja abierta la aplicación de la ley a cualquier supuesto que pueda producirse en las mismas condiciones en el futuro.

El Partido Nacionalista Vasco pretendía retrasar la fecha inicial de aplicación de la ley a la transición democrática. Pese a quedar desechada esta enmienda, Iñaki Anasagasti, portavoz parlamentario del PNV, manifestó ayer a este periódico que este rechazo no era obstáculo para que ellos firmaran el texto.