UGT avisa que el mercado del agua del PP penaliza a la Comunidad

El sindicato UGT-PV acaba de iniciar una campaña para denunciar la privatización encubierta del agua que implica la reforma de la Ley de Aguas impulsada por el PP desde el Ministerio del Medio Ambiente y que ya se está tramitando en el Congreso. Una reforma que, a su juicio, da vía libre al mercado del agua, rompe los principios de solidaridad y de justicia en la utilización de los recursos y perjudica a las zonas con carestías hídricas, como la Comunidad Valenciana. Con el anteproyecto en la mano, UGT asegura, en su primera campaña estatal sobre el tema ambiental, que la norma supone una pérdida del control público sobre el agua (también de competencias de las confederaciones hidrográficas) y que, en el futuro, dará lugar a la existencia de los aguatenientes, es decir, personas o entidades que se lucran traficando con el líquido, comprándolo a bajo precio y vendiéndolo a zonas deficitarias. Ángela García Candela, secretaria ejecutiva del sindicato, resumió en cinco puntos críticos la reforma de la Ley de Aguas, aprobada en 1985 y que consagró los recursos como un bien de uso público. Junto al temido "mercado del agua", mencionó la consolidación de las Sociedades Estatales, creadas hace un año para permitir la entrada del capital privado en la construcción de obras hidráulicas. Además de disfrazar el endeudamiento público con esta participación del capital privado, se privatizan las infraestructuras al dejar entrar a las empresas en la gestión, en la que además primarán criterios de rentabilidad económica. Como tercer punto negro se apuntó la futura capacidad de las empresas privadas para desalar agua de mar y venderla, con lo que se crea, a juicio de Fernando Marco, responsable del departamento de Medio Ambiente del sindicato, la falsa impresión de que nunca faltará el recurso y se desincentivan las medidas de ahorro o de optimización del uso del agua. Por último, se criticó que la ley establece que quien depura adquiere la titularidad de las aguas y que la gestión de los acuíferos pasa a estar en manos de los usuarios. Todas estas medidas convierten al líquido, según Ángela García Candela, "en una mercancía más" y a los usuarios de zonas con déficits hídricos en "mercados cautivos". Y fue categórica: "Se acabará el discurso de la solidaridad y de la justicia y empezará el sonido de las pesetas". Juego malabar Las críticas del sindicato no sólo se limitaron a la política estatal ("es incomprensible que todavía no esté el Plan Hidrológico Nacional ni el Plan de Regadíos") practicada por el Ejecutivo de Aznar y por la ministra Isabel Tocino. También se denunció el lamentable estado en que se encuentra muchos ríos valencianos. Sobre todo el Magre, el Vinalopó, el Cànyoles y el Segura. Y ampliaron en este último punto sus críticas al presidente Eduardo Zaplana, que se ha limitado a "un juego malabar, en plena campaña electoral, firmando un documento [con Pro-Río] tan oscuro como el agua del Segura sólo para acallar voces".