La magistrada Ramírez, citada a declarar sobre el patrimonio familiar

El titular del Juzgado número cuatro de Marbella, Antonio Navas, ha llamado a declarar el próximo lunes a Pilar Ramírez, la juez decana de Marbella, en relación con la investigación que sigue sobre el patrimonio de su familia. Las pesquisas tienen como origen un incidente de recusación presentado a título personal por la portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Inmaculada Gálvez, y pretenden determinar si la juez es imparcial en la instrucción de una treintena de presuntos delitos urbanísticos o si, por el contrario, debe dejar la causa por tener su familia intereses inmobiliarios relacionados con ellas. En una resolución del pasado 21 de junio, contra la que no cabe recurso, Navas llama a declarar el próximo lunes a Ramírez y a una larga lista de familiares suyos: a su padre, Juan Ramírez, ex oficial de los juzgados de Marbella, a su hermano y abogado, Juan Carlos Rodríguez, a su madre, Ascensión Balboteo y a su primo, Carlos Ramírez Balboteo. También pide que testifiquen el ex teniente alcalde del municipio, Pedro Román (GIL), y el secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes.

Entidades en Gibraltar

El juez solicita también al registro mercantil que le remita copia de los asientos de una larga lista de entidades financieras afincadas en España y Gibraltar, así como una certificación de los cargos o participaciones que ostentan los familiares de la decana, entre los que incluye a su hermana Alicia Ramírez. También pide a la Agencia Tributaria una copia de la declaración de la renta tanto de las sociedades como de los familiares de Ramírez, aunque en esta petición no incluye la declaración de la magistrada.

Estas actuaciones se unen a la providencia de Navas del pasado 15 de junio por la que ordenaba a los registros mercantil y de la propiedad de Marbella que le remitiese una certificación con las sociedades y fincas de las que son titulares el padre, la madre, el hermano y el primo de la decana.

En el auto judicial se pide además al Ayuntamiento marbellí que remita copia compulsada de los convenios urbanísticos suscritos con las entidades de familiares de la juez, personas y licencias otorgadas a las mismas.

Gálvez presentó el pasado mayo la recusación contra Ramírez a raíz de que archivase, a petición del fiscal, nueve de las 28 denuncias por presuntos delitos urbanísticos, que componen las diligencias previas 726/98.

La juez consideró que el PGOU no estaba vigente por no haber sido publicado oficialmente. La abogada anunció ayer que con los resultados de la investigación presentará una querella en la Fiscalía Anticorrupción contra la decana.