El Poder Judicial investigará la denuncia de la Fiscalía contra la juez decana de Marbella

El Consejo General del Poder Judicial investigará "a la mayor brevedad, dada la trascendencia social del caso", la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, en la que se vinculaba a dos familiares suyos y al alcalde de la localidad y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, con conocidos miembros de la Mafia siciliana que han blanqueado dinero en la Costa del Sol. El órgano de Gobierno de los jueces analizará también si se vulneró el reparto de asuntos en la asignación del caso contra Gil al juez Santiago Torres.

El fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo solicitaba en su escrito que Pilar Ramírez deje de ejercer en Marbella, por incompatibilidad con las actividades profesionales de sus familiares, y que sea apartada del cargo de juez decana por las vinculaciones de su familia con la Cosa Nostra. Según Benigno Varela, portavoz del CGPJ, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Ramírez ha sido trasladada a la Inspección que, tras la investigación, deberá emitir un informe en el que proponga a la Comisión Disciplinaria de dicho organismo el archivo o la apertura de un expediente. En este último caso, se nombraría un instructor y, tras las diligencias pertinentes, y dependiendo de la nueva propuesta de archivo o de sanción, la Comisión Disciplinaria podría imponer una sanción, elevarla al pleno por ser la propuesta de falta muy grave, o remitirla a Fiscalía del Estado si los hechos constituyen delito.

La denuncia del fiscal jefe anticorrupción contó con el visto bueno del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y, según fuentes de la Fiscalía, está en estudio la presentación de una querella criminal por presunto delito de prevaricación contra la magistrada juez decana de Marbella, que sería presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El servicio de Inspección del Consejo estudiará también, de forma independiente, el acuerdo de la juez decana, remitido al citado órgano, por el que considera que Santiago Torres, instructor del caso contra Jesús Gil por la publicidad de las camisetas del Atlético de Madrid, vulneró las normas de reparto para quedarse el caso. La juez decana entendía que la querella que originó el caso Gil tendría que haber sido sometida a reparto por sorteo entre los juzgados, lo que no ocurrió. La Inspección estudiará ahora si hay materia disciplinaria en la decisión de Torres e informará de si procede el archivo o la apertura de expediente. El acuerdo del decanato no paraliza la tramitación del caso por parte del juez Torres.

La Fiscalía Anticorrupción por su parte, recurrió ante el pleno del CGPJ el acuerdo de la juez sobre la vulneración de las normas de reparto en el caso Gil, por lo que la decisión no es firme.El recurso se funda en que Ramírez no debió resolver la queja de Gil por las vinculaciones de su familia con el alcalde de Marbella y con la Mafia.

De todas formas, el Consejo se mostró contrario el pasado mes de febrero a la recusación que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra la juez decana por su intervención en el caso Gil, y que se basaba en motivos similares.

La Fiscalía ya ha denunciado dos veces antes a la juez Ramírez. La denuncia de 1996 originó un expediente disciplinario por falta muy grave de incompatibilidad en el ejercicio del cargo. Se alegaba como ahora que su padre y hermanos eran accionistas de sociedades radicadas en Marbella que supuestamente blanqueaban dinero en el mercado inmobiliario.

El expediente fue archivado en noviembre pasado al constatar el Consejo que la actividad del padre y hermanos en las diversas sociedades era "mínima, esporádica y limitada a bienes muy concretos". Además, se señalaba que el censo de Marbella era superior a 100.000 habitantes por lo que no incurriría en incompatibilidad, pero la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia presentada el miércoles señala que el Instituto Nacional de Estadística fijó el censo de Marbella en 98.337 habitantes, por lo que la incompatibilidad está vigente.