Los directivos disidentes del Madrid comunicarán a la Comunidad que se ha abierto el proceso electoral

El conflicto que vive el Real Madrid vivirá un nuevo capítulo cuando el próximo lunes los directivos disidentes comuniquen a la Comunidad que el club está en periodo electoral y que, por tanto, deben nombrarse una junta electoral y una junta gestora. Lo harán si Lorenzo Sanz no da una respuesta a esta convocatoria de elecciones. Éste era un paso calculado, a la vista de las recomendaciones del dictamen jurídico que solicitaron. Para estos directivos, que no para el presidente, las elecciones están ya legalmente convocadas.

Es en este punto donde queda por ver qué es lo que hará la Comunidad de Madrid, entre algunos de cuyos gestores había ayer cierta confusión. En un comunicado, la Dirección General de Deportes aclaraba que, hasta el momento, no habían recibido petición alguna relativa al conflicto del Real Madrid y que "cualquier conflicto de orden interno que se produzca en la junta directiva deberá dilucidarse ante la jurisdicción ordinaria". La cuestión, sin embargo, es establecer si la Comunidad se puede declarar o no imcompetente en este conflicto.

La Comunidad de Madrid no sería competente para resolver si la junta del pasado lunes, la que convocaron los disidentes, tuviese validez. En este punto, parecen coincidir incluso los dictámenes solicitados por Sanz y por el grupo de ocho directivos disidentes.

Pero bien distinto puede ser si la reclamación de los disidentes se ajusta exclusivamente al proceso electoral. En ese sentido, la Ley 15/94 del Deporte de la Comunidad de Madrid sí establece que es competente en materia de procesos electorales de los clubes inscritos en la comunidad autónoma, como es el caso del Real Madrid. Ya en 1995 la Comunidad fue competente en una reclamación de Florentino Pérez frente a Ramón Mendoza en un proceso electoral.

Jesús Pedroche, el consejero de Presidencia, alcaró ayer: "La Comunidad de Madrid no tomará ninguna decisión política en relación con esta crisis, sólo tomaremos decisiones jurídicas". Pero luego afirmó que el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dejado en manos de Gustavo Villapalos, consejero de Educación y Cultura, "todo lo que tenga que ver con este caso".