El ex alcalde dice que Massamagrell perderá dinero si no se urbaniza el marjal

El ex alcalde de Massamagrell Miquel Trujillo, que ayer prestó declaración ante una juez acusado de un delito de prevaricación por aprobar una urbanización en el marjal del municipio, aledaño a la playa, aseguró que si no se construye en la zona húmeda el Ayuntamiento perderá 300 millones de pesetas. Trujillo, elegido concejal por la lista de EU-EV en las elecciones de 1995 y nombrado alcalde merced a un pacto con el PSPV, fue expulsado de la coalición de izquierdas junto a otra edil de EU (Montserrat Gude) hace dos años por apoyar la urbanización. Tras iniciarse las obras, el Institut de Defensa i Estudi Ambientals (IDEA), organización vinculada a EU, interpuso en junio de 1997 una denuncia por delito ecológico contra el promotor y la constructora. Una querella que amplió al alcalde por prevaricación y a tres altos funcionarios municipales -al secretario, Ramón Ferrandis, al abogado, Alberto Llobell, y al arquitecto, José Luis Gisbert- por falsificación de documento público. La juez ordenó la paralización cautelar de las obras en el mes de marzo de 1998. Trujillo explicó ayer que el acuerdo con los promotores implicaba unos ingresos al Consistorio de 300 millones, divididos en tres partidas anuales de 100. Así, de paralizarse definitivamente, el Ayuntamiento dejaría de cobrar las cantidades correspondientes a 1998 y 1999, que según Trujillo están incluidas en los presupuestos de ambos años, con el consiguiente desfase en las cuentas municipales. Incluso el Ayuntamiento debería devolver los 100 millones que cobró en 1997. La juez de Massamagrell, Elena Mayor, tomó ayer declaración durante una hora al ex alcalde, que a la salida manifestó que la denuncia por prevaricación es "falsa". Así, IDEA acusa a Trujillo de boicoterar un informe de impacto ambiental y aprobar la destrucción del marjal, defendido desde hace años por los ecologistas. Sin embargo, Trujillo alega que la decisión, "acorde a la ordenación urbana del municipio", no la tomó él sólo, sino que se aprobó en pleno con nueve votos a favor (los seis ediles del PP, el único de UV, el de Gude y el de Trujillo) por ocho en contra (seis del PSPV y dos de EU). El abogado de IDEA, José Luis Ramos, reconoció que "es difícil probar una acusación de prevaricación porque hay que demostrar que se actuó con malicia", pero tiene el convencimiento de que el delito ecológico se demostrará. Y se quejó de que Trujillo negara a la juez manifestaciones defendidas en público. "Es curioso ver la prepotencia y la chulería con que algunos ejercen el cargo de autoridad sin importarles las infracciones penales y la cobardía que manifestan a la hora de asumir responsabilidades", se lamentó Ramos.