Justicia de todos

LA MAYORÍA de los jueces ha reaccionado con impulso corporativo ante la iniciativa de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de obtener datos sobre el funcionamiento de las oficinas judiciales de quienes más directamente son testigos de lo que en ellas se hace o se deja de hacer: los abogados y los procuradores de los tribunales. Salvo Jueces para la Democracia, que considera útil conocer la opinión de "usuarios cualificados" de la justicia, todas las asociaciones judiciales cuestionan la iniciativa. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, ha evaluado este hecho como "gravísimo", lo ha estimado como un atentado "contra la independencia en el ejercicio de la jurisdicción" y ha apelado "al buen sentido del CGPJ para que de inmediato deje sin efecto esa experiencia desafortunada". De poco ha valido que, desde el Consejo, se informe de que abogados y procuradores no van a opinar sobre las resoluciones de los jueces ni sobre su actividad jurisdiccional, sino sólo a aportar datos que permitan al CGPJ, una vez contrastados por el Servicio de Inspección, conocer la situación real de cada órgano judicial.

Manifestar preocupación porque profesionales de la justicia informen sobre la atención que se presta en los juzgados, el cumplimiento de los horarios o la inmediación judicial no sólo revela una actitud corporativista opuesta a la transparencia, sino que es un indicio de que algunos jueces prefieren que nadie les mire para que nadie les vea. La experiencia debería incluso extenderse a los ciudadanos que, por unos u otros motivos, tienen que relacionarse alguna vez con la justicia; es decir, a sus usuarios. Su opinión sobre la forma en que han sido atendidos constituiría un buen punto de partida para una evaluación fiable del estado real de la justicia. Cuya mejora, además de por los jueces, es querida por todos los ciudadanos.