¿A quién protege el Ayuntamiento?

Han tenido que transcurrir casi 10 años y un rosario de denuncias y trámites procesales para que unos vecinos de Valencia consiguieran ser amparados contra la agresión acústica de una discoteca. El Tribunal Superior de Justicia ha reconocido sus quejas, al tiempo que condena al Ayuntamiento de la ciudad por su dejación a la hora de aplicar los correctivos establecidos por la ordenanza vigente sobre ruidos. Celebremos esta resolución indiciaria de una nueva sensibilidad judicial acerca de esta gravísima contaminación medioambiental, que no se resume únicamente en la circulación viaria. La vida vecinal está agusanada por estos problemas que las autoridades municipales no acometen con la decisión y medios exigibles. Tanto el caso que glosamos como muchos otros alientan la sospecha de que los munícipes son demasiado benevolentes con el causante de las molestias. Y no digamos cuando la víctima es un ciudadano común desarmado ante la burocracia. Ojalá que esta sentencia anticipe otras y más severidad.