El juez del "caso Brouard" dice que Sancristóbal paró las pesquisas por haber policías implicados

El juez del caso Brouard atribuye la paralización de la investigación del asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard a una indicación de la Direccion de Seguridad del Estado, cuyo responsable era en 1984 Julián Sancristóbal, por la "participación" en el atentado no sólo de "sicarios a sueldo" ejecutores del atentado, sino de "elementos integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". La declaración del primer fiscal del caso, Emilio Valerio, fue clave para que el juez encarcelara por encubrimiento al comisario Antonio Rosino y para investigar la implicación del Cesid.

, La declaración de Valerio el pasado lunes y el duro careo que mantuvo con el comisario que investigó en primera instancia el atentado contra Brouard, Antonio Rosino, fueron fundamentales para que el juez enviara a éste a prisión en la madrugada de ayer y, sobre todo, para reforzar la participación de Sancristóbal (encarcelado por esta causa) en la paralización de las investigaciones. En el auto de prisión, el juez relata la implicación del entonces comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, en que se desbaratara el operativo para detener el 29 de diciembre de 1984 en Madrid a los "autores materiales" del atentado del 20 de noviembre. Hasta ahora se había pensado que las pesquisas las arruinó una indiscreción de Valerio al transmitir a los medios de comunicación que el atentado podía haberse evitado y que tras él podían estar aparatos del Estado. El auto del juez relata que la investigación, desde sus inicios, estuvo llena de "anomalías". Se prohibió la comparecencia de los agentes encargados de elaborar los retratos robot de los asesinos la noche del atentado, lo que impidió "insertarlos" en los periódicos. Más tarde, pese a tener Rosino un confidente fiable -Alberto Granados Céspedes- que podía dar "datos concretos" a cambio de cinco millones, la Dirección de Seguridad del Estado, en manos de Sancristóbal, y el responsable de la Comisaría General de Información "desbarataron" el operativo para detener a los sicarios, "colapsaron" la investigación y la entorpecieron "a consecuencia de la implicación de miembros policiales". Rosino se desentendió de las pesquisas, pese a que conocía la reunión en la que se planificó el atentado "recibiendo", según el auto, "la reprimenda de Sancristóbal por las confidencias efectuadas por el comisario policial al fiscal Valerio". El juez recuerda en el auto de prisión que "pese a la existencia de indicios suficientes que permitían" inferir "la activa participación de los elementos policiales" en el asesinato, Martínez Torres en un informe de su puño y letra de enero de 1985 llegó incluso a imputar el atentado a "la propia ETA o a grupos de extrema derecha" El juez decretó ayer medidas cautelares contra Martínez Torres: deberá presentarse semanalmente ante el juzgado. La segunda aportación de Valerio fue la implicación del Cesid en el atentado. El fiscal enumeró varios documentos, elaborados por "alguna división del Cesid" en los que se "localiza el despacho del doctor Brouard [donde fue asesinado] con las vías de entrada y salida del mismo". En otro se consulta "a los distintos partidos en cuanto al asesinato del dirigente socialista Enrique Casas [asesinado en 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas] y en cuanto a las respuestas al mismo". Indicó que hay otra ficha sobre los "autores y el recorrido que hicieron desde Madrid hasta que salieron de Bilbao hacia Santander", y otro informe, según Valerio, sobre "la ejecución material del hecho". El letrado de la acusación particular, Txema Montero, pedirá la desclasificación de esos documentos. Finalmente Valerio aseguró que su jefe inmediato entonces, el fiscal Fermín Hernández (ya fallecido) le indicó que o bien el entonces fiscal general del Estado, Luis Burón (muerto en 1995) o el fiscal Cándido Conde Pumpido le habían ordenado "seguir con la investigación, indicando en la prensa que no se sabía quiénes eran los autores". Valerio dijo que su propio jefe le manifestó que "las investigaciones debían llegar a un punto muerto" y le conminó a abandonar Euskadi porque peligraba su vida. Ayer declararon el general José Antonio Sáenz de Santamaría; el mercenario de los GAL Daniel Fernández Aceña, y Juan José Rodríguez Díaz, El Francés. Los tres se ratificaron en sus anteriores declaraciones y tanto Fernández Aceña como El Francés afirmaron que fueron el empresario granadino Luis Morcillo Pinillos y Miguel Ángel López Ocaña, ya fallecido, los autores materiales del asesinato de Brouard. También compareció un testigo protegido, que se identificó como ex colaborador del Cesid, y que situó el nacimiento de ETA en la Universidad norteamericana de Reno (Nevada) en una reunión entre el ex presidente de EE UU Jimmy Carter junto a Xabier Arzalluz, además de los etarras Txomin y Txikierdi.