Una obra inacabada

, La ciudad de Valencia no está acabada. Provoca en el visitante una extraña sensación de provisionalidad. Ningún acceso urbano tiene un pórtico claramente identificado. El centro histórico todavía arrastra las secuelas de la última gran inundación, ¡la de 1957! La conexión de la ciudad con su barrio marítimo no está resuelta. El proyecto para enterrar las vías del tren que desembocan en la Estación del Norte y convertir la playa ferroviaria en un gran Parque Central es, desde hace décadas, un sueño que despierta ante cada convocatoria electoral... Valencia no es más que una metáfora de la Comunidad Valenciana. La clase política alude a un término orteguiano para identificar el fenómeno y repite sin cesar: "Es necesario vertebrar la Comunidad" . Y es que los valencianos apenas se identifican como tales, carecen de un sentimiento patrio al estilo de los vascos y los catalanes y nunca han acabado de asumir que forman parte de un proyecto colectivo. Por esa razón, y en aras de la vertebración, se han puesto de moda los proyectos denominados "emblemáticos". Crecen por doquier: una Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia; una Ciudad de la Luz, en Alicante; un parque temático, en Benidorm con el impresionante nombre de Terra Mítica; un confuso Proyecto Cultural, en Castellón... Todos, en ejecución. Ninguno ha sido rematado hasta la fecha. Los valencianos ni siquiera han conseguido ponerse de acuerdo sobre la lengua que utilizan. A lo largo de la presente legislatura los dos grandes partidos de ámbito estatal con representación en las Cortes Valencianas, el PP y el PSPV-PSOE, han impulsado la creación de una institución que debe establecer la normativa correcta del valenciano. El Consell Valencià de Cultura, órgano consultivo de la Generalitat, emitió un dictamen sobre el que se pactó de forma apresurada una ley de ámbito autonómico. La cuestión lingüística, alimentada durante la transición política, parecía tocar a su fin. Las energías consumidas en un debate que todos califican como estéril se disipaban sin más. Pero la obra tampoco fue rematada. La Acadèmia Valenciana de la Llengua existe sobre el papel, pero carece de académicos. Intereses partidistas impidieron que populares y socialistas lograran ponerse de acuerdo a la hora de nombrar a los primeros miembros de la nueva institución. Una indefinición paralela atraviesa el ambiente político. Eduardo Zaplana, el actual presidente de la Generalitat, desplazó a los socialistas del Palau de la Generalitat en mayo de 1995. Joan Lerma, presidente socialista desde las primeras elecciones autonómicas, las de 1983, pagó pecados que nunca había cometido y fue identificado con una nebulosa de corruptelas que jamás habían salpicado a los socialistas valencianos. El mismo día en que Zaplana tomaba posesión como presidente de la Generalitat, en julio de 1995, Lerma era nombrado ministro de Administraciones Públicas del último Gobierno de Felipe González, huía a Madrid y dejaba huérfano al grupo parlamentario socialista para el resto de la legislatura. Pero Zaplana no culminó el asalto al poder. Se quedó a tres escaños de la mayoría absoluta. Cerró un pacto de estabilidad parlamentaria con Unión Valenciana (UV) e incorporó a los regionalistas al Consell de la Generalitat. La fidelidad de sus socios en el ámbito del Gobierno regional ha sido enturbiada por una difícil relación en las Cortes Valencianas, en las que UV ha hecho lo posible por ganar protagonismo forzando debates incómodos para el PP y apoyando algunas iniciativas menores de la oposición. Zaplana ha asentado su liderazgo de manera indiscutible entre los populares valencianos, pero arrastra pecados de juventud. Llegó a la alcaldía de Benidorm, su primer trampolín político, gracias al voto de una concejal socialista tránsfuga y su voz era perfectamente identificable en las cintas que sustentaron el frustrado sumario del denominado caso Naseiro, uno de los primeros escándalos de financiación irregular de partido que quedó en nada por cuestiones de procedimiento. El presidente de la Generalitat goza de toda la simpatía por parte de sus seguidores, pero todavía no ha logrado ganarse la confianza del resto del electorado. El primer presidente valenciano del PP ha hecho importantes esfuerzos por elevar la autoestima de los valencianos. En los primeros compases de la legislatura acuñó el término poder valenciano para contrapesar la influencia de otros Gobiernos regionales y ha intentado implicar a todas las fuerzas vivas de la comunidad para ganar influencia ante el Estado. La apuesta tiene dos vertientes. Por un lado, trata de desacreditar el seguidismo de sus predecesores en la Generalitat hacia las exigencias de sus colegas socialistas en el Gobierno central. Por otro, responde a una estrategia de partido para convertir a Zaplana en el referente de la nueva política autonómica del PP. El presidente valenciano ha formulado una propuesta para revisar el modelo de financiación de las comunidades autónomas que señala inequívocamente en esa dirección. Finalmente, el poder valenciano pretende desplazar el discurso victimista que han defendido siempre los actuales socios regionalistas del PP. La Comunidad Valenciana ha sido tradicionalmente muy sensible a los vaivenes de la situación económica. Durante la reciente etapa de bonanza la mejoría ha sido sustancial. El paro ha descendido por encima de la media del Estado y las exportaciones y el turismo se han mantenido al alza. La deuda de la Generalitat y de sus organismos autónomos ha crecido sensiblemente, pero los actuales tipos de interés permiten ciertas alegrías. La carrera ascendente de Zaplana en el seno del PP genera otro interrogante. El presidente de la Generalitat cuenta como posible heredero de José María Aznar. Zaplana niega que sus aspiraciones políticas desborden las fronteras de la Comunidad Valenciana. Pero su trayectoria le contradice y sus rivales le acusan de estar de paso. La mayoría absoluta que el PP espera ganar el próximo domingo en la Comunidad Valenciana sería un gran paso hacia la culminación, al menos, del proyecto personal de Zaplana.