El municipio deberá pagar miles de millones por hacer negocio con un suelo expropiado

El Tribunal Supremo ha castigado al Ayuntamiento de Madrid por hacer negocios lucrativos con suelos expropiados para fines de interés social. En una de las esquinas que forman la calle de Alcalá con la de los Hermanos García Noblejas, en Ciudad Lineal, el Ayuntamiento de Madrid expropió en 1969 unos terrenos, entonces ocupados por un negocio de venta de yeso, para levantar un centro cívico en el barrio. La expropiación le costó poco más de 24 millones de pesetas. Nunca llegó a utilizar el suelo, ni para construir el centro cívico ni para edificar ninguna otra cosa. Los antiguos propietarios reclamaron en 1989 la devolución de sus terrenos.Pero su petición fue denegada por el Ayuntamiento, que prefirió aprovechar la parcela para hacer un gran negocio. En 1991 la sacó a subasta con un precio tipo de 6.153 millones. Quedó desierta. Luego optó por liquidar con ese suelo expropiado una antigua deuda que el municipio había contraído con la empresa San Fernando. Y así, la Gerencia Municipal de Urbanismo entregó esta parcela, convenientemente recalificada para construir viviendas y comercios, a la sociedad San Fernando. La deuda ascendía a 3.700 millones, lo que significaba 154 veces más que el precio que pagó el Ayuntamiento en 1969 por ese suelo. Un pelotazo urbanístico del que los antiguos propietarios de los terrenos no se han beneficiado. San Fernando revendió luego la finca a otra empresa, Ciudad Lineal 2000, integrada por promotores diversos y cerca de 80 comerciantes de la zona. Actualmente, esta empresa levanta en el solar un gran centro comercial.

El Tribunal Supremo recuerda que el municipio permitió levantar edificios de oficinas, viviendas y comercios en el solar calificado para hacer un centro cívico, "lo que pone de manifiesto que claramente se había sustituido el fin previsto". El juez recuerda con esto que los antiguos propietarios del suelo tienen derecho de reversión si el interés general de la expropiación ha variado. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó en 1993 este derecho. El Ayuntamiento recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que ahora ha confirmado la primera decisión judicial y condena al municipio a indemnizar con miles de millones a los propietarios del viejo negocio del yeso. Los expropiados reclaman 5.500 millones de pesetas. "Aunque no nos negamos a negociar con el Ayuntamiento para rebajar esta cifra que por ley se nos adeuda", aseguran los abogados de los propietarios. "Si no se nos hace caso podemos, legalmente, parar las obras del centro comercial; pediremos un interdicto judicial para que se paralice", añaden.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, del PP, anunció ayer que el dinero que haya que pagar "lo fijará el juez". "El Ayuntamiento no puede estarse regateando con todo aquel que viene con un título de propiedad", explicó Del Río, quien concluyó: "Es muy poco probable que la obra que actualmente se lleva a cabo en esta esquina de Ciudad Lineal se pueda paralizar. No creo, sinceramente, que ningún juez dicte un auto que anule la licencia de obras".