El edil del pijama

Tras 37 años en el cargo, Juan Escribano, alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla) por el Grupo Independiente, se vuelve a presentar a las elecciones municipales, a pesar de encontrarse en un estado de salud frágil. O al menos es lo que alegó, mediante un certificado médico acreditando un afección cerebral, su abogado defensor el pasado enero, cuando Escribano se presentó en pijama y zapatillas en los juzgados para responder de las acusaciones de infracción de los derechos fundamentales y desobediencia a la autoridad: se ha negado repetidamente a celebrar los plenos ordinarios a los que tiene derecho la oposición. Un delito por el que Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya lo condenó en 1984. Según algunos vecinos y la oposición, la fama de autoritario le viene de no haber digerido excesivamente bien la democracia. Flirteó con la UCD en lo albores constitucionales, aunque finalmente se decantó por el Grupo Independiente. Escribano se tiene así mismo como el mejor programa de gobierno y no tiene duda en decirlo. Los habitantes de toda la vida de Castilleja de Guzmán le tienen cariño, o miedo, según las versiones. Recuerdan como fue la primera persona del pueblo en tener televisión en color y como abría su casa para que todos pudieran ir a verla. En los primeros años de mandato, gustaba de pasearse por las mañanas recorriendo el pueblo y visitando las jardineras y las pequeñas obras que se hacían en el pueblo. Un habitante del municipio, que prefiere mantener el anonimato, afirma que quien realmente ha gestionado el Ayuntamiento durante el último mandato, ha sido el primer teniente de alcalde, Nicolás Ruiz Gaviño, y que un grupo de personas con intereses en la construcción se han colocado alrededor del alcalde para manipularle, "aunque él es una buena persona". Castilleja de Guzman, un pequeño municipio de la comarca sevillana del Aljarafe, y cuyos regidores reconocen que se sustenta a base de ingresos por licencias de obra, ha pasado de 600 habitantes en 1995 a los 1.200 con los que cuenta ahora (en la fiscalía hay una denuncia contra el Gobierno local por inflar presuntamente el censo). Este incremento de población, producto de un desarrollo urbanístico descomunal, propició la intervención de la Junta de Andalucía que desposeyó al municipio de competencias urbanísticas.