Entidades protegen a inmigrantes que denuncian la explotación

Las prácticas de extorsión, chantaje, prostitución y estafa a inmigrantes en la provincia de Alicante han convertido a las ONG, en decenas de casos, en sus principales valedores frente a los empresarios denunciados. La subdelegación del Gobierno en Alicante aseguró ayer que ha iniciado nuevas líneas de investigación para desarticular a estos grupos organizados. Y animó al sindicato CC OO a que presente cuanto antes, al fiscal de la Audiencia de Alicante, la denuncia a 22 empresas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó.

En la mayoría de los casos, asegura María Carmen Abad, abogada de la ONG Elche Acoge, los pocos inmigrantes que deciden afrontar una denuncia "aportan los nombres, la dirección y los teléfonos de los que se dedican a estafarlos". Pese a ello, el denunciante es deportado a su país de origen, o sometido a amenazas y presiones, y el denunciado queda en libertad. Muchas organizaciones no gubernamentales llegan incluso a ocultarlos para que no sufran las presiones de sus anteriores jefes o de las mafias del trabajo clandestino. Estas prácticas de extorsión las sufrieron hace mes y medio cinco mujeres que fueron introducidas desde Marruecos, a través de una red de transporte ilegal. A los pocos días de llegar, se hallaron sin contrato ni vivienda y fueron sometidas a acosos sexuales. Ante los hechos, decidieron presentar una denuncia en la Comisaría de Elche. Cuando llegó la denuncia al juzgado "el juez decidió dejar a los empresarios en libertad", asegura Abad. Elche Acoge se ha visto obligada a "esconder a las mujeres ante el terror que sentían por las constantes amenazas y persecuciones". En el mes de marzo, 20 ciudadanos de Georgia acudieron a España guiados por una agencia de viajes que prometía trabajo, previo pago de 160.000 pesetas. Después de su llegada y de verse desamparados, han decidio acudir a las ONG en demanda de apoyo, mientras les intentan encontrar un empleo digno. Según Abad, tras las reuniones con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Luis Garrido "se ha comprometido a dar protección a los inmigrantes que denuncien". Javier Martínez, abogado de Vega Baja Acoge, reconoce que esta comarca es donde se producen más extorsiones a inmigrantes. En Orihuela, la policía investiga a una empresa de trabajo temporal dedicada a ofrecer mano de obra a los agricultores de la zona, que supuestamente vende contratos a inmigrantes. Por su parte, la subdelegación del Gobierno de Alicante acogió ayer con sorpresa el anunció de CC OO de trasladar al fiscal las prácticas de extorsión y abusos a trabajadores inmigrantres de 22 empresas de la provincia. "La subdelegación ha investigado y está investigando las denuncias, no más de siete casos, que CC OO, ha presentado en lo que va de año", afirmó ayer un portavoz oficial de este organismo. "No obstante, animanos a CC OO a que lleve su denuncia al fiscal, si lo hace hoy , mejor", añadió. La subdelegación del Gobierno aseguró que en los últimos meses, la Guardia Civil o la Policía han desarticulado ya cuatro redes de gran importancia con un total de 170 detenidos. Estas operaciones se desarrollaron en Rojales, Torrevieja, Dénia y Novelda. Esta última, en la que está implicado un gestor, todavía no está cerrada. Por su parte, el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valencia, Carlos González Cepeda, señaló que ha solicitado información "complementaria" sobre los datos facilitados por CC OO. El delegado aseguró que era la primera noticia que tenía sobre posibles irregularidades por parte de estas 22 empresas.