Industria aprobó subvenciones para un ex empleado de Pérez Villar

La sombra del exconsejero de la Junta de Castilla y León condenado por prevaricación, Miguel Pérez Villar, persigue a los responsables del Ministerio de Industria.En la documentación remitida por el propio ministerio a la subcomisión del Congreso que analiza la política de subvenciones figura un expediente en el que, con fecha 3 de agosto de 1998, se aprueba una subvención de 13.584.105 pesetas, a fondo perdido, para la construcción de un hotel y restaurante en la localidad de Paraje de Carrasconte-Villablino (León) por la empresa Otarraso SL. Esta empresa es propiedad de Magín Prieto Méndez, un antiguo empleado del empresario Pérez Villar, subvencionado a su vez por Industria.

La ayuda, solicitada por Otarraso en 1996, no tendría nada de particular sino fuera porque los técnicos evaluadores de la consultora del ministerio, GPI, desestimaron el proyecto, calificándolo de "inviable" -hecho que se comunicó a la empresa el 20 de diciembre de 1996- y la subvención se concedió, dos años después, a pesar de que la empresa no presentó alegaciones a la primera denegación de la ayuda en el plazo de 15 días fijado en la orden ministerial de febrero de 1996 que regulaba las subvenciones.

Alegaciones

Las alegaciones de Otarraso no llegaron al Ministerio de Industria hasta mayo de 1997, es decir, seis meses después de que se denegara la ayuda. Ésta fue aprobada en agosto de 1998. Curiosamente, en el expediente de la subvención aparece un segundo informe de los consultores, con la misma fecha del que sirvió de base para el primer rechazo de la ayuda (28 de noviembre de 1996), en que se alude a una modificación económica del proyecto y se califica éste ahora de "viable".

En el apartado de antecedentes del solicitante se explica que éste, Magín Prieto Méndez, trabajó como comercial para las empresas Volvo Ibérica y Calemasa. En las dos empresas, según ha destacado el PSOE, figura como socio promotor el exconsejero de la Junta de Castilla-León Miguel Pérez Villar.

El expediente de Otarraso fue uno de los esgrimidos por la oposición en la subcomisión del Congreso para demostrar que en el departamento que dirige Josep Piqué se han cometido irregularidades en el reparto de subvenciones con cargo a los fondos para reactivar las comarcas mineras.

Hasta el momento, la prueba más clara de esas irregularidades, según fuentes de la oposición, es el expediente referido a Hullera Vasco Leonesa, una de las 16 empresas mineras en las que los servicios del Ministerio de Industria detectaron un presunto fraude en la extracción de carbón, pese a lo cual, no se actuó. Este caso ha puesto en entredicho a la Dirección General de Minas, que encabeza Paloma Sendín. Entre otras cosas, ésta reconoció en el Congreso que no se había actuado sobre el presunto fraude y que había tratado "extraoficialmente" del mismo en dos ocasiones con los directivos de Hullera Vasco Leonesa.