La juez registra domicilios y despachos de los implicados en la presunta corrupción en Hacienda

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios y la Fiscalía Anticorrupción dieron ayer un espectacular golpe de efecto en la investigación de la presunta red de corrupción en la Hacienda de Cataluña al registrar por sorpresa nueve despachos y domicilios particulares de personas implicadas en la trama. La juez, los fiscales anticorrupción de Madrid y Barcelona, la policía y los funcionarios judiciales acudieron ayer a los domicilios y despachos de los ex altos cargos de Hacienda Ernesto de Aguiar y José María Huguet; del abogado Juan José Folchi, y del asesor fiscal Joan Francesc Pont. En dos casos, el del inspector de Hacienda Manuel Abella y del administrador de la sociedad Aciesa, Josep Maria Massó, el registro se limitó a su domicilio.La juez había acudido el pasado martes a Barcelona, acompañada de un funcionario de su juzgado, a fin de preparar el operativo que se puso en marcha a las ocho de la mañana de ayer. Palacios encabezó la cadena de registros con la entrada en la casa del ex inspector jefe de Cataluña, Huguet, en el Paseo de la Bonanova. Mientras, otros grupos acudieron a los domicilios del ex director general Ernesto de Aguiar, en la localidad de Sant Cugat, el del abogado Folchi, y el del asesor fiscal Pont. Después le tocó el turno a los despachos. La comitiva finalizó los registros en la zona situada en torno a la esquina de la calle Córcega con la Rambla de Catalunya, donde se encuentran, a pocos metros de distancia, el despacho conjunto de Huguet y De Aguiar y, posteriormente, el de Folchi. A media tarde, después de varias horas de registro, la juez y los fiscales abandonaron el despacho de Folchi con un camión repleto de documentación. El abogado manifestó posteriormente que se buscaban documentos relacionados con KIO.

La juez había decidido realizar los registros el martes, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El primer paso en ese sentido fue un auto, firmado el martes, en el que acordaba decretar por un plazo de 30 días el secreto de las actuaciones relacionadas con la supuesta connivencia entre los altos cargos de Hacienda y los ex gestores de Torras, encabezados por Javier de la Rosa y el abogado Folchi.

La juez también decidió aplazar la declaración prevista para hoy en la Audiencia. Además, ya bajo la decisión de secreto, la magistrada aprobó también la petición del fiscal de realizar los registros.

En ese documento, la magistrada acordó formar pieza separada, es decir desgajar del conjunto del caso Torras-KIO, la investigación sobre el comportamiento de los dos ex altos cargos de Hacienda investigados y la posible comisión de un delito de cohecho cuando ocuparon sus cargos públicos.

Durante los registros, los funcionarios buscaron especialmente documentación acerca de las inspecciones fiscales sobre el Grupo Torras y las empresas relacionadas con sus ex gestores. Los técnicos informáticos realizaron búsquedas en los ordenadores introduciendo nombres de sociedades y de cuentas bancarias suizas a fin de encontrar documentos.

Los abogados de Huguet y De Aguiar, Pau Molins y Javier Melero, aseguraron ayer que en los registros "no se habrá encontrado nada que no se haya aportado ya a la Audiencia ni nada que se quisiera ocultar". Según ambos, los registros ponen de manifiesto la "orfandad probatoria" en cuanto a los presuntos cohechos que se imputan a sus defendidos.