Más denuncias de mujeres por maltrato y lento avance hacia la igualdad

La salida a la intemperie informativa del terrible problema de los malos tratos domésticos, tradicionalmente agazapados bajo una costra de ocultismo social y caspa machista, ha centrado tanto la atención de los medios como las políticas de la mujer acometidas desde la Consejería de Bienestar Social. La violencia contra la mujer, y también el "fantasma", como lo llama la oposición, del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) entre Hombres y Mujeres. Presentado a bombo y platillo por la consejera Marcela Miró en junio de 1997, las críticas se han multiplicado tanto desde las filas de la izquierda como desde los colectivos de mujeres de todo signo político. "Burda copia" y "electoralista" fueron los calificativos de los críticos. "Oportuno" y "pionero" los epítetos del PP. El PIO efectivamente estaba cargado de buenas intenciones. No sólo hacía el retrato robot de todos los disfraces bajo los que se oculta la marginación de sexo. También diseñaba los cauces por los que se deberían consensuar las políticas terapéuticas a aplicar. Lo fácil era descubrir que las mujeres cobran un 30% menos que los varones, que la tasa de paro en las mujeres es el doble que la masculina, que la tasa de actividad de los hombres se eleva a las dos terceras partes de la población adulta mientras que la de las mujeres se queda en sólo un tercio, que el 80% de los empleos a tiempo parcial recaen en las mujeres, que el aplastante grueso de las tareas domésticas lo asumen también las féminas, que el 86,5% de las concejalías las ostentan varones... Sin embargo, y a pesar de que el PIO diseñaba unas estrategias de participación de todos los agentes sociales con conocimiento del tema, ideas a proponer y experiencias suculentas contrastadas a aplicar, nada se ha hecho. O si se ha hecho no se ha convocado a ninguno de los 70 colectivos de mujeres existentes en la Comunidad Valenciana que se han agrupado en la Federación de Mujeres Progresistas. Tampoco Miró ha llamado a capítulo a los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT. Ni siquiera las universidades, con sesudos y concienciados departamentos especializados han podido dar su opinión. ¿Objetivos cumplidos? Mientras Miró se autofelicita del enorme grado de aplicación del PIO, tanto a nivel de objetivos como de presupuestos (según ella, 5.700 millones de pesetas; según la oposición, para sumar esa cifra se han agrupado partidas que ya estaban antes pero dispersas en múltiples consejerías). De evaluar ese "altísimo" cumplimiento se encarga una consultora externa, asegura la consejera, pero sin dar datos. No extraña. Con una política de ocultación, el departamento niega a los medios con reiterada fruición, cargada de buenas palabras y malas excusas, desde los datos más comprometedores hasta las cifras más inocuas. Entretanto, hay otros parámetros, más transparentes, que no engañan. Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), se descubre que en esta legislatura efectivamente ha bajado la tasa de paro entre las mujeres, del 31% en el segundo trimestre de 1995 al 22,3% en el cuarto de 1998. Sin embargo, este descenso del 30% en la tasa de paro femenino es sensiblemente inferior al reflejado entre los varones, que supuso un 40% en el mismo periodo (del 17% al 10,8%). Los sindicatos diagnostican el problema: mientras no se apliquen medidas de empleo específicas para las mujeres, aunque el paro disminuya, no sólo no se reduce la desigualdad con los hombres sino que ésta se enquista. Ocurre lo mismo con la disminución, según la EPA, del paro de los menores de 25 años respecto al de los mayores. Ambos se acortaron en la misma medida (30%) pero sin reducirse un ápice la diferencia que les separa (el doble). Así la situación, sorprende a los críticos con el PP que el producto estrella de su gestión sea el salario del ama de casa, una especie de ayuda a la mujeres para que atiendan ancianos pero que no consolida derechos (hay que solicitarlo año a año y finaliza cuando el Consell lo decida) y de limitado alcance (hay discrepancias en cuanto al número de valencianas beneficiadas). En cuanto a la violencia doméstica, aumentan anualmente el número de mujeres atendidas en los 23 centros 24 Horas instaurados (y cuya gestión se ha privatizado) por la consejería desde hace tres años. Así, si en 1996 se ayudó a 1.118 mujeres, en 1998 casi se duplicó la cifra, con 2.113. Más de un 40% de ellas pusieron una denuncia. Sobre otras medidas para paliar el problema, el propio Defensor del Pueblo español recordó a Educación que no había aplicado planes de coeducación y recomendó a Obras Públicas que diera ayudas para conseguir pisos a mujeres maltratadas.