La cosa pública crece en precario

Charles Chaplin, Charlot, era constantemente atropellado por la velocidad de la máquina deshumanizada en su película Tiempos modernos. José Emilio Cervera, subsecretario para la Modernización de las Administraciones Públicas, conocido como el moderno, hubiera querido imprimir otro ritmo a la máquina de la Administración autonómica, pero el aparato no ha adelgazado. Todo lo contrario, ha engordado a través de un sospechoso fomento de la inestabilidad de las plazas que ocupan los servidores públicos. Los populares afrontaron con muchas suspicacias el pesado instrumento de la cosa pública de la Generalitat, diseñado y construido bajo administración socialista. Sin prisa, pero sin pausa, y sobre todo sin concursos, la gestión desarrollada durante la presente legislatura indica a las claras la intención de situar funcionarios afines en los puestos de máxima responsabilidad de la Administración. Un 30% de los 15.786 funcionarios adscritos a la Dirección General de la Función Pública ocupan plazas que no han ganado por concurso. La Generalitat asegura que ha intentado poner orden. Pero ha necesitado cuatro años para establecer sus necesidades reales antes de convocar la primera oferta de empleo público. Sin embargo, sí ha avanzado por otros derroteros. La legislación básica sobre función pública establece que las plazas de funcionarios se adquieren por concurso de méritos o por libre designación, una fórmula reservada para los puestos de máxima responsabilidad pero también sometida a una comisión de control. Existen fórmulas de provisión de plazas para atender necesidades claves durante un tiempo limitado como la comisión de servicio o la adscripción temporal. Para acceder a un puesto en comisión de servicio basta con tener la titulación adecuada y el favor del responsable de la designación. Los retrasos en la convocatoria de oposiciones obligan, en ocasiones, a recurrir a la contratación de personal interino, designado sin necesidad de recurrir al concurso. La ley de acompañamiento de los primeros presupuestos elaborados por el Consell que preside Eduardo Zaplana incluía un retoque en la ley de función pública para convertir la comisión de servicios en una forma reglamentaria de provisión de puestos y eliminar su carácter temporal. Los responsables de Administración Pública han reiterado que sólo pretendían hacer frente a una situación de hecho, pero la normalización de la comisión de servicio tiene un efecto perverso: los funcionarios que ocupan un puesto superior al que ganaron por concurso se sienten obligados ante sus superiores mucho más que avalados por sus propios méritos. En paralelo, el Consell se embarcó en un denominado proceso de funcionarización, para reconvertir a cerca de 2.000 empleados públicos de carácter laboral en funcionarios de pleno derecho de acuerdo con los servicios que prestaban. La Administración creada por los socialistas tenía evidentes lagunas en ese aspecto. La opción por el personal laboral provocó serios desajustes cuando empezaron a crecer las competencias y el volumen de fondos controlados por la Generalitat. Pero todos los intentos por normalizar la situación y elevar a la categoría de funcionarios a cientos de contratados laborales fueron sistemáticamente bloqueados por la oposición parlamentaria que denunciaba el amiguismo en la selección. Una vez en el poder, el PP asumió la tarea y pactó con los sindicatos unos mínimos para resolver la situación. El acuerdo se extendió hasta el último detalle y sólo la desidia explica que algunos servidores públicos afectados por la medida no lograran consolidar su plaza. El proceso está prácticamente culminado, pero durante casi dos años se ha convertido en la mejor excusa para aplazar cualquier convocatoria de empleo público. Los sueldos de los funcionarios permanecieron congelados durante los dos primeros años de gestión del PP. Pero una oportuna reclasificación de los puestos de trabajo garantizó la paz social. Los populares elevaron la categoría de la gran mayoría de funcionarios dos puntos y compensaron con creces la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que exigía la convergencia monetaria con la Unión Europea. Las buenas relaciones con los sindicatos se prolongaron durante las negociaciones de los decretos correspondientes a la jornada laboral y al reglamento que recoge la relación de puestos de trabajo y las vías de acceso a los mismos. El primero contiene la jornada partida para diversos puestos de atención al ciudadano, una propuesta que generó resistencias. Pero el carácter progresista de varias medidas recogidas en la misma norma ablandó la posición de los sindicatos. La posibilidad de disfrutar de años sabáticos para mejorar la calificación profesional o la consideración de las parejas de hecho a efectos de permisos matrimoniales, entre otras mejoras, fueron muy celebradas por su carácter progresista cuando se pactaron ambos decretos en junio de 1998. Uno de los principales escollos para pactar el reglamento de provisión de puestos era un punto relativo, una vez más, a la comisión de servicios. El Consell pretendía que los funcionarios designados de forma temporal consolidaran el grado y los complementos salariales correspondientes si ocupaban puestos de rango superior. La consolidación del grado adquiere singular importancia para la calificación de posibles concursos futuros. Los sindicatos lograron frenar las pretensiones del Consell. Pero la apuesta era decisiva. Los decretos pactados en junio de 1998 fueron aprobados varios meses más tarde con una ligera modificación. La comisión de servicio volvía a ser el caso. El Consell introdujo la consolidación del grado para los funcionarios designados sin concurso y alegó que respondía a las exigencias formuladas por el Consell Jurídic Consultiu. El argumento caía por su propio peso porque es norma del órgano consultivo informar exclusivamente sobre los textos sometidos a su consideración, nunca sugerir añadidos. El revuelo se aplacó, temporalmente, cuando el Consell se comprometió a convocar más de 1.000 plazas de empleo público durante este año. La oferta de la Administración fue erradicar las situaciones temporales o de precariedad laboral en un 75% durante los tres próximos años. La concreción de la primera convocatoria de empleo público de cierta importancia resultó decisiva para aflojar la presión. Sin embargo, CC OO acudió a la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia puede tardar años en dictar una sentencia definitiva sobre el asunto de las comisiones de servicio. Pero, de entrada, ha suspendido de forma cautelar el punto relativo a la consolidación del grado invocando la legislación básica del Estado. Los responsables de Administración Pública han recurrido la decisión y atribuyen la posición de CC OO a un fundamentalismo absurdo. Pero la decisión judicial pone en entredicho toda una forma de proceder. El Consell apuesta por una Administración profesional en la que los grupos inferiores, las categorías D y E, están condenadas a desaparecer. El argumento que sostiene la apuesta es que la contratación externa de los puestos de trabajo correspondientes a bedeles o telefonistas, por ejemplo, resulta mucho más barata y permite aligerar la nómina en cualquier momento. Los altos funcionarios son la clave. En la actualidad, la Administración autonómica cuenta con 1.552 funcionarios adscritos al grupo A que no ocupan su plaza en propiedad. Los responsables de Administración Pública rechazan el término precariedad, que sólo afecta a los interinos y a los empleados laborales temporales. Pero la libre designación genera servidumbres indeseables. Si el recurso contra el auto del TSJ prospera y la consolidación del grado en la comisión de servicio es admitida, 1.000 servidores públicos de la máxima categoría, designados por voluntad política, empezarán a sumar puntos para futuras convocatorias de empleo. La misión se habrá cumplido. El PP tendrá un instrumento para colocar a funcionarios afines en los puestos de máximaresponsabilidad. Una excusa legal para caer en la tentación que atribuyeron a sus predecesores.