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"Nos conviene una inflación en torno al 2%"

Pregunta. Todo parecía bajo control, pero nuestro diferencial con los países centrales de la Unión Europea comienza a preocupar porque podría afectar a la competitivad española... si persiste.Respuesta. Me parece positiva la crítica. Primero, porque creo que hay una mayor cultura económica dentro del país. Uno la percibe. Tiene sentido, porque una persona hace unos años podía colocar sus ahorros en bonos de deuda pública y echarse a dormir. Hoy no puede hacerlo. Gracias a esta situación tenemos 1.200.000 empleos más. Eso hace que la gente sea más sensible. Hoy, mucha más gente en España sabe cuál es la inflación en la UE y en Estados Unidos. Ahora bien, yo tengo mi propia idea de lo que España debería contemplar a la hora de analizar el fenómeno de la inflación.

P. ¿Cuál es esa idea?

R. Yo creo que España tiene que ser un país cuyo objetivo es crecer por encima de la Unión Europea durante muchos años...

P. Precisamente por eso, porque la inflación está asociada al crecimiento, los empresarios comienzan a estar temerosos. El razonamiento es: "Ya tenemos un diferencial, y como tenemos que crecer por encima de la media vamos a sufrir más inflación".

R. Necesitamos crecer más durante muchos años, 10 años, para poner una cifra, más que nuestro entorno. Es un desafío muy grande. Para eso se necesitan condiciones. Tenemos que tener menos déficit público que nuestros competidores, más liberalización que nuestros competidores, y debemos tratar de que nuestros precios se sitúen, aunque sea en la banda alta, pero nunca muy separados de nuestros competidores.

P. Parece admitir como inevitable una cierta dosis de inflación.

R. Hoy en Europa hay dos tipos de problemas de inflación. Los de aquellos países que tenemos tres, cuatro, cinco décimas más de lo que nos gustaría tener y los que tienen tres, cuatro, cinco o seis décimas menos de lo que desearían tener. Creo que la economía europea tiene que aspirar a juntar esas dos zonas.

P. ¿Y España, según su idea de inflación, qué debería buscar?

R. Nosotros no debemos pretender diseñar nuestra política económica para tener un índice de inflación del 0,4%, para dar una cifra. Creo que este año nos vamos a acercar a esa idea, esto es, un índice anual del orden del 2%.

P. Nada, pues, de inflación cero-déficit cero como apoyo de un mayor crecimiento. R. No sé quién puede pedir un programa de inflación cero y déficit cero. Países que han crecido mucho, como Holanda, tampoco tienen un programa de ese tipo. No digo esto para eludir la necesidad de controlar el déficit. Nuestro Gobierno ha dicho: podemos estar tranquilos en que nuestro objetivo de déficit para 1999 está garantizado. Pero es que, además, nuestro principal problema en la competencia con nuestros socios europeos, por otra parte, no va a residir en las décimas de inflación, sino en nuestro desarrollo tecnológico. Al final esto es lo que va ser decisivo. Por eso creo que debe ser un tema objeto de debate, de discusión y de presión sobre los gobiernos, el aumento del desarrollo tecnológico. En España tenemos, en este aspecto, un gran capítulo de esfuerzo público y privado.

P. El presidente del Gobierno ha mencionado recientemente su esperanza en una mayoría parlamentaria. ¿Siente usted que para adoptar determinadas reformas económicas le ha faltado esa mayoría?

R. No, yo creo que esta mayoría parlamentaria ha hecho muchas cosas en los últimos tres años, cosas en dirección a la liberalización económica de sectores que estaban totalmente regulados y monopolizados por compañías públicas, que han desaparecido. Hombre, hay cuestiones puntuales o concretas en las que podemos no estar de acuerdo, pero en conjunto creo que tenemos una buena concordancia. También creo que, desde el punto de vista político, el hecho de que el Partido Popular haya apostado muy contundentemente por abrir a la competencia sectores que estaban en situación de privilegio le gusta a la gente, y al final los partidos políticos tienen que tener en cuenta si la opinón pública respalda o no determinadas medidas. Todavía falta camino por recorrer y se debe recorrer, pero observo que hay veces que los partidos políticos confunden la capacidad de legítima queja o legítima presión que pueden ejercer sectores con el respaldo mayoritario en la población, que a lo mejor no ejerce presión, pero a quien, sin embargo, le gusta esas medidas. Creo que ésta es una percepción en la política moderna que hay que tenerla más clara.

Deseamos algo importante. Hay que aumentar la competencia para que este momento se prolongue en el tiempo. Al final lo que queremos trasladarle a los empresarios es que el valor de la situación económica actual es que se están echando las bases para que España sea un país de ciclo largo. De nada sirven recuperaciones cortas. Ya lo hemos vivido demasiadas veces. No le sirve a nadie, ni a los empleados ni a los empleadores. Lo que necesitamos es un ciclo largo. Si tenemos baja inflación, si tenemos bajo déficit, eso será posible.

P. La ausencia de una mayoría propia holgada, ¿no ha sido una barrera para la adopción de medidas dirigidas más a largo plazo?

R. Las medidas económicas que hemos tomado, en su conjunto, más allá de una u otra que se haya discutido más o menos, se han adoptado con una gran facilidad. Cuando se toman 25 medidas, unas pueden tener mayor grado de consenso que otras, pero la política presupuestaria y la política de liberalización en nuestro país tienen un claro consenso. Y lo tienen especialmente porque cada vez tienen más número de adeptos, porque a la gente le gusta más, porque se ha dado cuenta de que el precio de las tarifas eléctricas bajan, que las tarifas de teléfonos bajan y esto a la gente le gusta. Le gusta al empresario, le gusta al consumidor. Y los políticos tenemos que ser sensibles frente a esta cuestión.

P. Hoy día casi no se escucha ya el argumento de que los salarios son los responsables de la inflación.

R. Los salarios juegan un papel en los precios muy importante, pero es indudable que las negociaciones salariales en España están en estos momentos orientadas al objetivo de inflación. Junto con los salarios, quizá en el pasado el debate no ha sido todo lo amplio que debería haber sido, hay otros elementos que juegan en los precios. La política presupuestaria, sin duda.

P. Quizá más que nunca, habida cuenta la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Mientras ayuda a países como Alemania, Italia y Francia, no puede al mismo tiempo servir de apoyo a un país que, como España, crece más y soporta un diferencial de inflación.

R. En efecto, la política presupuestaria es fundamental. La flexibilidad de los mercados es otro elemento. Tan importante como que los salarios se muevan en determinada dirección es que también los márgenes [empresariales] y los precios se comporten de manera más adecuada para que haya más competencia. En electricidad, gas, teléfonos, comercio, servicios profesionales, sanidad. Y tengo

que decir que aquí este Gobierno ha hecho más hincapié que otros. Nada más llegar, aplicamos lo que en otros países había sido muy útil en los precios regulados, es decir, la teoría del IPC menos X, y desde nuestra llegada todos los precios regulados han subido menos que la inflación y en algunos casos han sido negativos. Esto obliga a mejores eficiencias y después, por supuesto, está el proceso de liberalización. En los contactos empresariales que tuve después del decreto, los sectores afectados se quejaban mucho menos de la bajada de precios que de la celeridad de la liberalización. Eso indica dónde duele...Hay otros elementos de esa sensibilidad que los políticos debemos teneren cuenta. Pienso, por ejemplo, que en el año 2000 deberíamos tener un debate sobre una nueva política comercial, habida cuenta que en estos momentos el marco tributario del comercio en España es mucho más favorable de lo que era hace tres años. Este es un camino en el que tendremos que ponernos de acuerdo.

P. Hay varios temas que no han suscitado debates más que circunstanciales en los últimos tiempos. Uno de ellos es el Pacto de Toledo, al que ustedes han apelado para denunciar la propuesta de subida de las pensiones no contributivas. ¿Cómo ve el futuro del pacto?

R. El Pacto de Toledo es un pacto complejo, importante. Porque, por un lado, las fuerzas políticas se someten a revisar la situación de la Seguridad Social cada cinco años, revisión que debería ser seria, positiva o negativa, y que preocupa a la población. Y también incluye que los consensos alcanzados no se puedan utilizar o romper electoralmente. En este sentido me preocupa que desde el Partido Socialista se quiera romper con fines electorales el Pacto de Toledo, aunque tengo que decir que los intentos que hace carecen de credibilidad ante la opinión pública. Han hecho dos movidas importantes. Una, la ruptura en Andalucía de la caja única de la Seguridad Social y, dos, la propuesta de que las pensiones no contributivas tengan una evolución distinta de la que marca la ley.

P. ¿Y eso último no es posible?

R. Yo creo que esta demagogia la gente no la acepta. Ni en España ni en Andalucía. Tenemos que volver todos a darnos cuenta de que la Seguridad Social es un adelanto muy importante, máxime en un mundo cada vez más competitivo y que, por lo tanto, tenemos que establecer acuerdos sólidos. Porqué, ¿cómo se llega al Pacto de Toledo? Se produce en el momento en que se desarrolla el gran debate sobre el futuro de la Seguridad Social y hay voces dentro y fuera de España que nos dicen: "No hay más salida que la privatización". Bueno, hacemos un acuerdo político para demostrar que hay otra salida, que no es la privatización.

Ahora bien, sigamos en ese campo porque merece la pena, porque la otra alternativa es volver al debate de la privatización. No hay una alternativa de descorchar el champán. Si tenemos que pagar a nueve millones de pensionistas todos los años, pues necesitamos unas finanzas saneadas. Sin duda, el esfuerzo económico más importante que se ha hecho en estos tres últimos años ha sido el saneamiento de la Seguridad Social. En el año 2000 la Seguridad Social no tendrá déficit y yo espero que tenga muy menguado, si lo tiene, el préstamo de tesorería del Estado. Es un avance que debemos celebrar y que, además, está hecho en base a unos acuerdos que se adoptaron al sellarse el Pacto de Toledo. Lo que pasa es que, tal como está el patio, me parece que sobre el Pacto de Toledo habrá que empezar a hablar después de las elecciones generales. Pero debe hablarse, porque sí es importante que todos sepamos que o renovamos el Pacto de Toledo o volvemos a entrar en un debate de indefinición. Y esto es muy malo socialmente.

P. Hablemos del affaire Borrell, pero desde una perspectiva concreta. ¿Recordará que el Grupo Parlamentario Popular, cuando usted era su portavoz, creó una comisión que investigó la actuación del Gobierno socialista frente al grupo KIO, y que propuso una comisión de investigación del Congreso?

R. Sí, empezamos con una comisión del partido. Hay un documento que elaboramos y que repartimos...Se abordaba la entrada de KIO en España como inversor privado, en contra del criterio de la Dirección General del Tesoro, ya que ello hubiera requerido una autorización. Además de ello, se le permitió a KIO entrar en unos sectores complicados.

P. Ustedes anunciaron una querella criminal que luego no presentaron.

R. Sí, no me acuerdo si llegamos... Creo que se dejó para después de las elecciones y luego no se presentó, es cierto.

P. ¿Qué le evoca haber promovido una comisión de su partido, que investigó exhaustivamente la relación Gobierno socialista-KIO, y el escándalo, estos días, de los dos ex cargos de Hacienda, que ha salpicado a Borrell?

R. Yo creo que había una actuación en los años 1988, 1989 y 1990, en toda la alta dirección política de la Administración española guiada por una cierta sensación de..., podríamos decir impunidad, ¿no?

P. ¿Omnipotencia?

R. Sí, impunidad, omnipotencia... es posible que nunca nos marchemos, esto es para siempre. Esto afectó de manera diferente a las personas. Hubo actuaciones complicadas y decisiones importantes. Ahora estamos investigando lo que pasó en la cúpula de la Agencia Tributaria en Barcelona, pero ya conocemos lo que ocurrió en la Guardia Civil, el Banco de España, la adjudicación del tren de alta velocidad, la concesión de los fondos reservados.

P. Y la salida de Borrell en concreto, ¿qué le sugiere?

R. Personalmente con Borrell yo tengo una relación buena, le tengo respeto. Pero si hay algo en claro es que él ha creído que entre la conjunción de lo que había sucedido en la Agencia Tributaria de Barcelona y las inversiones que se realizaban en Bolsa o por personas de muy alta responsabilidad política se daba una situación muy difícil de sostener. Si a ello se le suma el ambiente dentro de su partido, caracterizado por las declaraciones sobre la "causa de fuerza mayor" el lunes anterior, que no le mostraron una solidaridad real, Borrell no se encontró con fuerzas para resistir un periodo complicado de explicación. Él llegó a la conclusión que su capacidad de explicar era cero, en el marco del equipo con el que trabaja, y prefirió irse antes de que, como ha dicho alguien estos días, le cocieran a fuego lento.

P. Al conocerse la renuncia de Borrell se advierten dos actitudes en el PP. Primero respeto a la decisión; después ataque, quizás respuesta a lo que dice el PSOE.

R. Yo creo que el propio Borrell lo ha dicho a sus compañeros. Que no intenten ponerle como ejemplo. Con independencia de lo traumática que ha sido la decisión para él, me parece que algunas de las conclusiones que han pretendido presentar algunos de sus compañeros se pasan de rosca al querer convertirle en un mártir. Es que no tiene sentido. Eso lleva a una reacción que le va a perjudicar. Que le dejen en paz. Un señor que se marcha, que renuncia a una legítima ambición, un hombre con una vocación política como la de Pepe Borrell, que la tiene, y lo sabemos quienes le hemos tratado con mayor o menor intensidad, y aún así tiene que tomar una decisión de este calibre, sus razones tiene que tener. Porque tampoco las ha explicado en detalle. Pero deben ser muy poderosas. Lo que no se puede hacer es utilizarle de ariete. Eso, me parece, es perjudicarle. Hay algunas declaraciones de dirigentes del PSOE que no responden a ningún sentido común, no tienen la más mínima sensibilidad. Lo que ha ocurrido es un hecho traumático y me parece lógico que el PSOE trate de superarlo. Pero que lo supere en otra dirección y no a costa de los demás. Porque lo único que produce es seguir centrando el debate sobre Borrell, que cuando ha dimitido dijo que era para evitar seguir siendo el centro del debate. Y lo que hacen los dirigentes del PSOE es seguir centrando el debate sobre él...

P. Fue Borrell, en plena campaña del mes de noviembre, quien hizo aquel juego de palabras -Piquelson- entre el ministro laborista Peter Mandelson, que dimitió en el Reino Unido, y Josep Piqué. ¿Con qué ojos ve usted a Piqué?

R. Yo creo que Josep Piqué, primero, es probablemente el ministro de Industria con más éxitos industriales de los últimos años y el primero que ha hecho una verdadera liberalización de la industria, el primero que ha producido una auténtica renovación industrial en nuestro país. Es todo lo contrario de aquello que alguien dijo de que "la mejor política industrial es aquella que no existe". Creo que ha hecho una política liberal industrial. Y segundo, Piqué es un catalán liberal del PP, por lo tanto es una pieza a batir por aquellos que no quieren que el PP tenga muchos votos en Cataluña, uno de los pocos sitios donde nos ganan las elecciones. El PSOE sabe que las próximas elecciones generales se van a decidir, en gran parte, en Cataluña, y por eso han querido destruir a Piqué, y no ha podido.

P. Y, desde el interior de la Agencia Tributaria, ¿cómo se ha seguido el asunto de Huguet y Aguiar?

R. Fuimos nosotros quienes denunciamos los hechos. No olvidemos que esto que estamos conociendo estos días está, en parte, motivado por una declaración en un tribunal de Londres pero también se apoya, en parte, por una denuncia que pone la dirección de la Agencia en conocimiento del fiscal en Barcelona, en una actuación absolutamente de oficio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas comisiones de control interno que creamos en 1997 y que juegan un papel importante.

P. ¿Qué se está haciendo para aclarar lo que pudo ocurrir?

R. Estamos investigándolo todo.

P. ¿Todo?

R. Absolutamente todo. Es imprescindible. La Agencia es una organización de 30.000 profesionales, es un cuerpo eficiente y da al público un buen servicio. Cuando hay un hecho de esta magnitud, donde se advierten responsabilidades indudables, aún cuando ocurrieron hace 10 años, hay que aclararlo. No en el sentido de que pretendamos hacer un juicio político a unas personas que eran responsables políticos en aquella época. Esto no se nos pasa por la cabeza. Tenemos que decirle a la opinión pública y a los tribunales: "Aquí pasó esto, para bien o para mal, esto es lo que hay". Indudablemente, ahora no pasa, ya que tenemos instrumentos de control. Si en algún momento existe alguna actuación irregular, como ocurrió a primeros de año, la ponemos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

También hay que entender que se intentó, en el pasado, presentar a la Agencia Tributaria como un instrumento de aplicación rigurosa y coercitiva de la política tributaria. Nosotros la vemos de otra manera. Como un servicio público a favor de los ciudadanos para que paguen sus impuestos de la mejor manera posible. Yo creo que aunque, al final, el resultado sea el mismo, que todos tengamos que pagar impuestos, cosa que a nadie le hace gracia, nosotros ponemos el énfasis en facilitar las cosas, en que la gente sepa los datos que la Agencia tiene de ella.

"El caso Pinochet es penal"

Pregunta.Un empresario chileno visitó a Pinochet en noviembre pasado y después mantuvo con usted en Madrid una reunión. Se quejó por la frialdad con que ha llevado el Gobierno español el caso Pinochet.Respuesta.Les traté de explicar con las mejores maneras posibles que en este país la justicia es independiente y que nosotros podíamos actuar hasta donde podíamos actuar. Aquí no estamos haciendo juicios políticos ni contra el señor Pinochet ni contra el Gobierno de Pinochet ni contra la Junta Militar chilena. Es un asunto jurídico, una cuestión penal. Más allá de la opinión que cada cual pueda tener sobre Pinochet, y que, en nuestro caso, es negativa, no estamos, insisto, ante un juicio político.

P.¿Está preocupado por la evolución de las relaciones económicas con Chile?

R. La sociedad chilena es una sociedad madura, aunque pueda haber posiciones muy encrespadas sobre esta cuestión, porque en Chile es un drama político. Pero aquí es un asunto jurídico y nada más. Yo voy a Chile en julio, como parte de un viaje a América Latina, donde tenemos muchos intereses españoles y a la que hemos aportado fondos gubernamentales importantes. Hemos sido el país europeo que más ha contribuido, con 1.000 millones de dólares, para una línea crediticia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con otros 1.000 millones de dólares para Brasil.

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