El masivo contagio de la hepatitis C

Superado el susto inicial de la meningitis, que tras un incremento generalizado de casos se controló mediante una campaña de vacunación masiva entre los meses de septiembre y diciembre de 1997 -un millón y medio de niños y jóvenes a los que se vacunó, según su edad, contra el virus Heamophilus Influenzae y contra el meningococo A y C, el más letal de todos-, el departamento de Salud Pública todavía sufriría un nuevo sobresalto. A principos de febrero de 1998, la clínica privada Casa de Salud conminaba al anestesista Juan Maeso a abandonar el centro, tras detectar una importante aparición de casos de hepatitis C entre sus pacientes y comprobar que el facultativo (que compatibilizaba su trabajo en la clínica con el del hospital La Fe) era portador del virus. Un mes después, el departamento que dirige Farnós recibía la primera denuncia escrita e iniciaba un estudio epidemiológico que se prolongó durante meses, hasta que la comisión de expertos encargada de analizar el virus detectado a cientos de pacientes de ambos hospitales emitía un informe en octubre que señalaba al facultativo como única fuente de contagio. Tras la alarma social creada con la aparición del brote (incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores esperados), el extraño y masivo contagio terminó en el juzgado, con el anestesista imputado por varios delitos de lesiones. Después de varios meses de interrogatorios, la consejería abrió expediente a 13 facultativos, acusados de haber protagonizado una "conspiración de silencio" y de no haber notificado los casos detectados. Todos los expedientes fueron finalmente archivados (tras sucesivas peticiones de sobreseimiento por parte de los inspectores) y sólo un médico fue multado como responsable de la clínica. La oposición criticó de nuevo el plan de choque contra las listas de espera, la compatibilidad entre sanidad pública y privada y los escasos controles sobre las clínicas a las que la consejería deriva pacientes. La comisión parlamentaria, creada para esclarecer las responsabilidades políticas derivables del brote, se disolvió antes de lo previsto sin llegar a emitir un dictamen, debido, en parte, a las escasas aportaciones de los comparecientes, limitados por el secreto sumarial. Una de las conclusiones de los expertos es que el sistema de vigilancia epidemiológica para la hepatitis C (basado en la notificación individualizada de casos), no es válido, ya que se trata de una enfermedad asintomática. El consejero Farnós, a quien el juez que investiga el contagio denunció por haber facilitado a la prensa información sujeta al secreto sumarial (desoyendo sus indicaciones), respiró tranquilo hace unos días cuando el Tribunal Superior de Justicia dió por cerrado el caso, alegando que el consejero no actuó de mala fe. "Si de algo me siento orgulloso", dice el consejero, "es de cómo afrontamos el tema de la hepatitis C".