Financiación pública, gestión privada

Una de las últimas declaraciones del ex consejero socialista Joaquín Colomer, antes del traspaso de poderes en julio de 1995, hacía referencia a la larga huelga "fomentada por médicos con dedicación privada". Su sucesor en el cargo, el popular Joaquín Farnós, le daría la réplica de inmediato, con un alegato en defensa de la clase médica: "el médico vió mermado su prestigio profesional y se rebeló. Hay que devolverle protagonismo y evitar agravios comparativos como que un señor cobre 100.000 pesetas más al mes sólo porque no trabaja también en una clínica". A finales de julio, tras 72 días de huelga, Farnós llegó a un acuerdo con el sindicato médico (CESM), que se concretaba en una subida salarial de 46.000 pesetas al mes, no ligadas a un aumento de la productividad, aunque los facultativos harían un esfuerzo por reducir la lista de espera. Un año después el PP anunciaba un nuevo modelo retributivo (anulado sucesivamente por los tribunales) que perseguía acabar con la exclusividad, y alentaba a los médicos a comprar su libertad para poder trabajar en la privada, renunciando a parte de su sueldo a cambio de trabajar seis tardes al mes en la pública. Tras un intento fallido de abrir la puerta a personas ajenas a la Administración, alegando que no había "funcionarios capaces de gestionar los hospitales", el PP se encontró con la protesta del sector de Enfermería por la subida salarial a los médicos, y con una sorpresa: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acordó de inmediato suspender el pago de la pensión que venía percibiendo Farnós en su calidad de incapaz permanente absoluto, debido a las secuelas de un infarto. El consejero encajó las críticas, no sin antes recordar que "Roosevelt dirigió EE UU en la II Guerra Mundial desde una silla de ruedas". Con el argumento de que los facultativos son libres de hacer lo que quieran fuera de su horario, en mayo de 1996 el consejero anunció una medida especial para terminar con la lista de espera quirúrgica (en principio, antes de un año), conocida como Plan de choque y criticada desde la oposición por haber perdido su carácter coyuntural. A los cerca de 33.000 pacientes que llevaban más de 90 días en lista de espera (la lista heredada la cifra hoy el PP en 51.786 pacientes) se les ofrecía la posibilidad de operarse en clínicas privadas adscritas al plan, lo que provocó una manifestación callejera y la creación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública (sindicatos, consumidores, vecinos), nacida para "vigilar los experimentos privatizadores del PP". La muerte de dos pacientes operados en sendos centros privados de Alcoy y Alicante (San Jorge y Mare Nostrum) provocó un duro debate político en torno a la falta de control sobre las clínicas (algunas de las cuales carecen de recursos humanos y materiales suficientes, según puso de manifiesto la propia inspección) y los médicos que compatibilizan sanidad pública y privada. Oposición y sindicatos han criticado el "oscurantismo" que impide conocer los datos reales sobre las listas de espera, y aseguran que, gracias al plan de choque, el sector privado ha hecho su agosto. La réplica del Consell es que tanto esta medida como el hospital de Alzira tienen un costo cero para el bolsillo del usuario: "Gratis total". El ahorro ha sido otro de los elementos clave de la política sanitaria. Además de crear una central de compras para todos los hospitales, Farnós firmó un acuerdo con los farmacéuticos, que quedaban eximidos del pago del 2% de sus beneficios, a cambio de dispensar genéricos (el principio activo o la marca más barata de los 38 fármacos más utilizados, que suponían el 45% del gasto farmacéutico). El acuerdo, que perseguía un ahorro de 3.000 millones al año, fue roto unilateralmente por los boticarios, cuando se les aplicó la reducción de márgenes de beneficio decretada desde el Ministerio de Sanidad. Previamente la consejería lanzó una campaña publicitaria para racionalizar el gasto farmacéutico, ya que las medicinas acaparan el 30% del presupuesto sanitario, que a su vez consume el 37% del presupuesto total de la Generalitat. No obstante, el gasto ha crecido año tras año: en 1997 la previsión inicial era de unos 94.000 millones (menos que lo gastado en 1996), pero se disparó a 105.000 (según el PSPV fueron 125.000). La explicación de Farnós es que el incremento de la actividad asistencial dispara a su vez el consumo de fármacos: a más consultas, más recetas, viene a decir, satisfecho de los logros obtenidos gracias al programa de tardes. La oposición, sin embargo, ha denunciado recientemente la transferencia del déficit de 1998 al presupuesto de 1999. La oposición critica la falta de inversión en los hospitales públicos, haciendo especial hincapié en la Resonancia Nuclear Magnética (la única pública, la del hospital Dr. Peset de Valencia, tiene 11 años y está obsoleta). Ni siquiera el hospital La Fe, centro de referencia de la Comunidad Valenciana, dispone de esta tecnología de diagnóstico por imagen. Precisamente el futuro de este hospital, sometido en los últimos meses al paulatino cierre de camas, ha provocado la protesta más reciente (la hubo también de los pensionistas en contra del medicamentazo), habida cuenta de que el Plan de Modernización encargado a una consultora prevé derruirlo y edificarlo de nuevo. La situación del hospital General de Valencia (que seguirá dependiendo de la Diputación hasta el 2001); el acuerdo con las Mutuas para que gestionen las Incapacidades Temporales y el Plan de Urgencias, que supuso el cierre de los servicios especiales de urgencias; y su sustitución por 14 nuevas unidades SAMU, han sido los otros asuntos más espinosos de la legislatura, junto al irresuelto problema de interinidad que afecta a buena parte de los trabajadores del sector.