Industria detectó irregularidades en 16 empresas mineras subvencionadas

El director de la Oficina de Compensación (Ofico) del Ministerio de Industria, Francisco Laguna, reveló ayer ante la subcomisión del Congreso que examina la política de subvenciones del departamento que dirige Josep Piqué, que Industria ha descubierto en los últimos dos años "anomalías" en 16 empresas mineras subvencionadas. Laguna confirmó la existencia de un informe sobre un presunto fraude en Hullera Vasco Leonesa, del que informó a la directora de Minas, Paloma Sendín. Industria no actuó.

Laguna explicó a los comisionados que en los últimos dos años se han inspeccionado entre 160 y 170 empresas. En el 10% de las inspecciones, Industria ha encontrado anomalías. En al menos uno de los casos, el que atañe a la compañía Hullera Vasco Leonesa -donde Ofico detectó una mezcla irregular de carbón extraído a cielo abierto con carbón de interior, que cuenta con más subvención- Ofico trasladó el resultado de la inspección a la Dirección General de Minas, que encabeza Paloma Sendín. Según Laguna, ésta expresó "cierta inquietud" sobre la situación de la empresa, pero no hizo ninguna observación por escrito respecto al caso.Sencillamente, Industria, como confirmó en su día a este periódico el entonces responsable de la Secretaría de Estado de la Energía, Nemesio Fernández-Cuesta -entonces superior jerárquico de Sendín- no actuó porque era imposible demostrar la supuesta irregularidad.

La inactividad de Industria respecto al caso fue confirmada también esta misma semana ante la subcomisión del Congreso por el consejero delegado de Hullera Vasco Leonesa, Antonio del Valle, quien señaló que nunca tuvo conocimiento del informe elaborado por los técnicos de Industria acerca de presuntas irregularidades en su empresa.

Ayer comparecieron también ante la subcomisión el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, y el director financiero de la empresa Torcidos Ibéricos, Miguel Mestres. Ambos debían explicar las actuaciones de sus empresas en relación a las ayudas mineras y la política oficial de reactivación de las comarcas mineras.

Debate

En el caso de Endesa, la operación sometida a debate fue el depósito de 1.454 millones de pesetas en ayudas que la empresa realizó en Industria para reactivar comarcas mineras de Teruel y de los que, posteriormente, rescató 1.043 millones. Según Martín Villa, pese a dicho rescate, Endesa ha invertido en la zona 1.099 millones y tiene comprometidos otros 954. Así pues, según Martín Villa, que elogió la política de subvenciones tanto del anterior Gobierno como del actual, no existió ninguna irregularidad.

Las explicaciones de Martín Villa satisficieron plenamente a los diputados del PP y de CiU y no tanto a los comisionados del PSOE y de IU, quienes criticaron la "dejadez" de Industria al devolver a Endesa más de 1.000 millones de pesetas teóricamente comprometidos.

Las posiciones de PP, CiU, PSOE e IU se repitieron con ocasión de la comparecencia del responsable financiero de la empresa textil catalana Torcidos Ibéricos, subvencionada por Industria pese a que su ubicación en Puig Reig (Barcelona), que no es municipio minero ni limita con municipio minero, la excluiría de la posibilidad de recibir ayudas de estos fondos.

El representante de la empresa catalana, Miguel Mestres, defendió la subvención de casi 100 millones aprobada por Industria para su empresa -que aún no la ha cobrado, según aclaró- y la apoyó en la creación de puestos de trabajo (62) y en la cercanía (apenas 12 kilómetros) a comarcas mineras con problemas. "Cobraremos [la subvención] sin ningún tipo de complejos", aseguró Mestres.

Las conclusiones de los diputados de la oposición José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Santiso (IU) tras la comparecencia de Mestres fueron coincidentes. Para Rodríguez Zapatero, la subvención a Torcidos Ibéricos es "políticamente impresentable e insostenible", mientras que para Santiso es "inadecuada". Por el PP, Javier Peón señaló que tras las explicaciones ya no queda "ni sombra de sospecha".

La subcomisión del Congreso encara la recta final de comparecencias. PP y CiU pretenden que Piqué cierre el turno de explicaciones el día 26.