Entre el oportunismo y la buena intención

Hace unos días, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana se convirtió en primera página de la prensa nacional con una propuesta acerca del nuevo modelo de financiación autonómica que debe de negociarse a partir del año 2001. Vaya por delante que considero que este es un momento adecuado para hacer propuestas de este calado ya que, evidentemente, será el gobierno que salga de las urnas el próximo día 13 de junio el que tendrá que llegar a acuerdos dentro del Comité de Política Fiscal y Financiera con el resto de las comunidades autónomas de régimen común y el Gobierno central que surja de las elecciones generales del próximo año. Posiblemente, ésta es la mejor oportunidad para conocer cuál será la postura que se mantendrá por parte de la Generalitat en dichas negociaciones. Pero, ¿aclara el planteamiento del presidente en funciones el contenido de la misma? El sistema autonómico español es un sistema complejo en su funcionamiento que se ha estado madurando durante los últimos veinte años y que se compone de brillantes esquemas que le deben bastante a la teoría del federalismo fiscal encabezada por el profesor Musgrave entre otros, y hábiles chapuzas que han posibilitado el que, quinquenio tras quinquenio, se hayan podido hacer compatibles situaciones muy diversas entre las comunidades autónomas sin romper el equilibrio del sistema. Este proceso complejo, mantiene en estos momentos una gran inestabilidad, al haberse separado a las comunidades de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura del acuerdo general para el periodo 1997-2001 por no aceptar los criterios sobre la conversión del 15% IRPF como impuesto autonómico con tarifa autonómica. Al parecer, las posibles ventajas de este modelo son tan poco evidentes que el Gobierno central ha retrasado la publicación de los resultados de su aplicación durante estos años, para no incidir negativamente en la campaña electoral. Difícilmente se puede eliminar el planteamiento de estas comunidades diciendo, como hace el presidente en funciones que es una postura política. Tan política al menos como la suya. Pero si aún no tenemos los datos de la aplicación del modelo actualmente vigente y si además hay grandes discrepancias sobre sus efectos ¿Cómo es posible que se propongan nuevas alternativas? La respuesta es sencilla: no hay tales alternativas y además, si las hubiera ni serían del presidente en funciones, que ha actuado de liebre del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, como ha recogido la prensa de estos días. Cualquiera que se lea atentamente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) aprobada en 1980 puede llegar a las mismas conclusiones que el presidente en funciones. La clave no está en la enumeración de las posibles fuentes de financiación de las comunidades autónomas sino en la propuesta concreta acerca de cómo están compuestas las mismas. No es extraño que el PP no haya encontrado problemas con esta propuesta ya que hasta Juan José Lucas, presidente en funciones de Castilla-León, que defiende criterios de reparto de la financiación autonómica que tengan en cuenta la dispersión de la población sobre el territorio, (criterio que perjudica el reparto en función de la población), ha encontrado aceptable la "propuesta" del presidente en funciones. ¿Cómo es posible? Sencillo: "Lucas subrayó que los criterios de población y dispersión son compatibles y desde todas las comunidades del PP (sic) se llegará a un acuerdo". Prudente respuesta cuando se deben de hacer propuestas que sean válidas para todas las comunidades autónomas con independencia de quién las gobierne, dentro de lo que el presidente en funciones ha denominado como de "punto de encuentro entre todas las comunidades autónomas para articular un sistema estable". La situación actual del proceso autonómico, además, está cerrando un periodo que no hay que perder de vista. Si bien se ha avanzado tímidamente (por mucho que se hagan grandes campañas acerca de las deducciones autonómicas del tramo autonómico del IRPF) en los aspectos de la autonomía de los ingresos, el impacto más importante de los próximos años es la culminación de las políticas de gastos de educación y sanidad a las comunidades autónomas que todavía no las tenían. Cuestiones como las relativas a los costes adicionales de la aplicación de la LOGSE o, la no menos importante de cómo aplicar el coste de la sanidad sin tener como referencia al Insalud (en este caso la financiación sí que tiene en mayor consideración a la población, al aplicarse para las transferencias la Ley General de Sanidad), son temas de un fuerte calado para el futuro del funcionamiento del sistema como un todo. Cierto que la Comunidad Valenciana tiene estas competencias desde hace algunos años, pero si se quiere liderar un sistema que sea válido para todo el territorio español se debe de tener en cuenta lo que ocurre más allá del nuestro. Las comunidades autónomas de régimen común (sin el País Vasco y Navarra), obtuvieron en 1997 un total de ingresos de más de 8 billones de pesetas, de los que la parte más importante estaba representada por las transferencias del Estado. La búsqueda de mayores niveles de autonomía en la obtención de recursos durante estos últimos años ha sido bastante infructuosa, ya que los márgenes aplicados en los tributos cedidos o sobre el 15% del IRPF no dejan de ser simbólicos, por mucho que se enarbolen los mismos como la panacea de la autonomía (la Ley Valenciana de Presupuestos oculta el montante de las deducciones autonómicas ante su insignificancia relativa, posiblemente inferior al coste de las campañas publicitarias que se están llevando a cabo para darlas a conocer). La cuestión es saber si estos se pueden ampliar en el futuro sin ser incompatibles con los principios de suficiencia y solidaridad que deben de presidir los mismos. El presidente en funciones ya ha hecho su propuesta. Aunque ganara las elecciones del próximo 13 de junio, tendríamos que esperar hasta el año 2001 para saber cuál le dicen que es. Pobre papel le han hecho desempeñar sus jefes de Madrid.

Martín Sevilla es catedrático de Política Económica de la Universidad de Alicante.