Financiación y autonomía universitaria, talones de Aquiles de la legislatura

"El discurso de Zaplana hacia las universidades ha cambiado en estos cuatro años, ya no es agresivo, pero en los hechos no se ve ningún cambio". La descripción del rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, es elocuente acerca del divorcio que se produjo entre la Administración y las universidades valencianas a la llegada del PP a la Generalitat. La decisión de segregar la facultad de Medicina y Estadística de la Universidad de Alicante para crear la quinta universidad de la Comunidad, la Miguel Hernández de Elche, contra todo pronóstico académico -esto es, los diversos pronunciamientos de los rectores españoles a través del Consejo de Universidades y de la CRUE-, fue el principio de una gran enemistad. Después de 20 años de democracia y de casi 15 años desde la Ley de Reforma Universitaria, la autonomía universitaria quedó seriamente debilitada. La inauguración en octubre de 1997 del primer curso de la Miguel Hernández, arropada por la plana mayor del PP y por un presupuesto que triplica la línea especial habilitada en los Presupuestos del Consell de 1.500 millones situándose en cerca de 4.000 millones, abrió de nuevo la brecha entre la Administración y las universidades. La polémica sobre la financiación de las universidades valencianas -que ocupan el decimotercero lugar en referencia a la subvención pública por estudiante que reciben las autonomías con una renta per cápita similar- dejó sentado que ambos temas serían los talones de Aquiles de la legislatura. Así, en julio de 1997, la Generalitat y las cinco universidades públicas pactan el primer plan de inversiones en infraestructuras para el periodo 1995-2001 por 75.600 millones, mediante dos operaciones financieras -una emisión de bonos por 46.800 millones y préstamos del Banco Europeo de Inversiones por 28.800 millones, a un plazo de 20 años-. El problema de fondo, sin embargo, no queda resuelto. Superada la década de la masificación en los campus, y encarrilada la operación para modernizar edificios e instalaciones, las universidades valencianas necesitan revisar con urgencia la tranferencia corriente del Consell: el motor que las hace funcionar día a día. El presupuesto para nóminas de personal docente y administrativo, las partidas para funcionamiento de los departamentos y lo poco que queda para investigación, aprietan tanto que, por ejemplo, en diciembre del año pasado la Universidad de Valencia se las vio para poder ingresar la paga extra, hasta que el Consell aprobó una línea de 5.000 millones más a repartir entre todas. El sistema universitario público valenciano, con cinco universidades, 130.000 alumnos, más de 100 titulaciones y un gasto público de 38.000 millones, cifra que ronda el 0,6% del PIB valenciano, vive inmerso en una profunda transformación que pasa por un pacto de las reglas de juego que marcarán el futuro trazado de las instituciones superiores valencianas. Las conclusiones del Libro blanco, que se gestó y culminó con el entonces tercer consejero de Educación, Francisco Camps, hablan precisamente de la necesidad de que Administración y equipos rectorales pacten "criterios objetivos" de nuevas titulaciones, que eviten falsas competencias y duplicidad entre los campus y, sobre todo, "un nuevo modelo de financiación para enfrentar los retos de tecnología y calidad docente necesarios para competir con Europa". En este contexto, hacia mediados de 1998 los equipos económicos y gerentes de la Universidad de Valencia, la de Alicante, la Politécnica y la Jaume I de Castellón, haciendo un frente común de rectorados inédito hasta entonces, emprenden la tarea de diseñar un modelo de financiación que sirviera de "instrumento claro y eficaz" a la Administración para planificar el progresivo aumento del gasto público universitario en los próximos cuatro años. La propuesta básicamente consiste en que el presupuesto universitario se duplique y se sitúe en 80.000 millones gradualmente en el periodo 1999-2002, de forma que el gasto público alcance los 56.126 millones en cuatro años. Mientras se reducen, también progresivamente, las trasferencias de capital para inversiones. El resto apuesta por una novedosa fórmula de financiación "por objetivos" en función de retos como empleo, proyectos I+D o rendimiento docente, por el que las universidades pueden llevarse parte de otros 4.000 millones. El documento, según ha confesado la directora general de Universidades, Carmen Martorell, está bloqueado en la Consejería de Hacienda. Pese a que las heridas se han ido limando, al menos a nivel epidérmico, no han logrado aún cicatrizar las causas que provocaron la llaga. Tanto Zaplana como el actual consejero, Manuel Tarancón, han dejado claro que la autonomía está muy bien, pero que quien paga manda.