PSOE e IU quieren "mejorar" la Ley de Víctimas del Terrorismo

La proposición de Ley de Víctimas del Terrorismo entra en su recta final, aunque hay diferencias de procedimiento y contenido entre el Gobierno y los partidos. Todos los grupos coinciden en que la proposición debe aprobarse antes de que finalice el período de sesiones en junio, pero PSOE e IU quieren forzar al Gobierno a que convoque a todos los grupos para cerrar el acuerdo y limar algunas diferencias mientras que el Ejecutivo, con el apoyo de CiU, pretende firmarlo con el texto actual.

Los desacuerdos de socialistas e IU con el Gobierno sobre la proposición de ley, elaborada por el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, son predominantemente de forma. El secretario de Comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la portavoz parlamentaria de IU, Rosa Aguilar, estiman que Cascos ha pretendido capitalizar políticamente la proposición y no ha respetado el consenso entre los partidos.Pérez Rubalcaba y Aguilar proponen que el acuerdo sea sometido a la acción conjunta de todos los partidos, como sucedió con el pronunciamiento del Congreso, del pasado noviembre, sobre la tregua indefinida de ETA. Creen conveniente, por ello, que antes de firmar la proposición de ley se convoque a todos los partidos para limar las diferencias.

Los socialistas creen que el texto puede mejorarse, aunque admiten que el Gobierno ha recogido muchas de sus propuestas, sobre todo, en lo referente a la inclusión como beneficiarios de las víctimas de la violencia de grupos de la extrema derecha. No obstante, creen que la proposición de ley debe resaltar, sobre su texto actual, el carácter de "reparación moral" y "reconocimiento social" de las víctimas del terrorismo.

También reclamarán que la proposición de ley se mantenga abierta a futuros casos, algo que descarta la redacción actual, ya que, a juicio de los socialistas, no hay garantías de que el terrorismo haya terminado en España. En cuanto a las cifras que el Gobierno ha propuesto para indemnizar a las víctimas, los socialistas tratarán de "afinar en el principio de igualdad", pues, "con los actuales baremos se pueden producir desequilibrios en función de las sentencias".

Respecto a IU, insistirá en que la proposición de ley reduzca su ámbito temporal. Esto es, que en vez de aplicarse desde 1968 -el año en que se produjo el primer asesinato de ETA-, se inicie desde la transición democrática. También pretenden que los beneficiarios se amplíen a las víctimas de actuaciones policiales -en manifestaciones, interrogatorios...- en una etapa en que aún las Fuerzas de Seguridad del Estado no actuaban con métodos democráticos. En cuanto a las indemnizaciones, IU cree también, igual que el PSOE, que "aún puede afinarse más, sobre el texto, en el respeto al principio de igualdad".

El PSOE e IU estiman que para mediados de la próxima semana habrán cerrado sus últimas aportaciones, una vez que haya terminado su ronda de conversaciones con los colectivos de víctimas. Proponen al Gobierno que en ese momento se convoque una reunión conjunta para cerrar el acuerdo y aprobarlo en las Cortes antes del final del período de sesiones parlamentario.