LOS SEGUROS COLECTIVOS Desintegración del Servicio Nacional de Salud

Uno de los logros mas importantes de la sociedad española durante los últimos años ha sido la creación y puesta en marcha de un Sistema Nacional de Salud (SNS) integrado, de cobertura universal y financiado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Si bien es a menudo lento en la resolución de los problemas, se trata de un sistema con prestigio que ha incorporado todos los avances técnicos de la moderna Medicina y al que la inmensa mayoría de los ciudadanos recurre, sobre todo cuando están aquejados de procesos graves o urgentes. Desde un punto de vista financiero, el SNS consume un 7% del PIB. Comparativamente el sistema español es muy eficiente: su coste no llega al 65% de lo que gasta la media europea aunque, objetivamente, sus niveles de calidad sean muy similares. Por ello, no es exagerado afirmar que, por su relación calidad/precio es probablemente, junto con el británico, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Pues bien, en los últimos meses el Gobierno del PP ha puesto en marcha dos medidas que han merecido muy distinta atención: mientras la relacionada con la generalización de la fórmula de las Fundaciones Sanitarias ha merecido fuertes críticas, poco o nada se ha dicho contra la otra que es, a nuestro juicio de mucha mayor trascendencia. Se trata de la posibilidad de que las empresas puedan a partir de ahora constituir seguros colectivos de salud para los trabajadores beneficiándose de una importante deducción en los beneficios empresariales, al tiempo que para el trabajador, las primas serían consideradas retribuciones en especie aunque no sometidas a IRPF. Con ello se abre la posibilidad de que el SNS, cuyo germen fue un sistema de previsión para los trabajadores (el Instituto Nacional de Previsión), deje progresivamente de prestar sus servicios a éstos -que serian cubiertos por mutuas privadas- y vaya conviertiéndose en un sistema de Beneficencia, para los mayores, los parados y, en general, para los grupos mas desfavorecidos de la población. Se trata, en definitiva, de la ruptura del concepto de caja única, lo que supondría no ya la reforma del sistema, sino su lenta pero inexorable ruina. Los seguros colectivos privados, que van a extraer del SNS a muchos trabajadores que ocasionan poco gasto sanitario, van necesariamente a debilitar el sistema desde el punto de vista financiero, pues: ¿quién va a defender una financiación sanitaria adecuada a partir de los PGE, si el Estado deja de percibir fondos tanto de las empresas como de los trabajadores como consecuencia de las ventajas fiscales del aseguramiento privado? (téngase en cuenta que durante 1997, como consecuencia de las desgravaciones fiscales, el gobierno federal de EEUU dejó de ingresar un total de 76.000 millones de dólares -mas de 10 billones de pesetas-, o, lo que es lo mismo, 70.000 ptas. por cada persona cubierta por seguros colectivos sanitarios privados). ¿Cómo van a establecerse los presupuestos sanitarios públicos si no se conoce el porcentaje de la población al que irán destinados?. ¿Podrán los trabajadores abandonar las mutuas cuando sufran procesos para los que los centros públicos están -al menos por ahora- mejor dotados?. Es fácil imaginar los devastadores efectos que van a producirse: el deslizamiento de los costes, que permite ahora que lo que ahorramos en cubrir a la población mas sana nos sirva para tratar a los mas enfermos, aplicar nuevas tecnologías y procedimientos, formar a los futuros profesionales, o fomentar la investigación biomédica, se desplazará entonces hacia las cuentas de resultados de las compañías aseguradoras. Es ilustrativo el ejemplo de los EEUU donde lo que gastan las mutuas privadas que cubren sobre todo a trabajadores en activo y sus familias (un 61,4% de la población norteamericana) sólo representa el 45,3% del total del gasto sanitario según datos de 1997: un negocio redondo. Todos somos conscientes de que nuestro sistema sanitario requiere de reformas y que estas deben dirigirse a satisfacer las crecientes demandas de los ciudadanos, a ofrecer servicios mas personalizados y mejor adaptados a las necesidades de la población, a seguir profundizando en la eficiencia, conciliando los principios de satisfacción del usuario con el de la viabilidad financiera. Pero lo urgente ahora es detener este serio intento de desintegrar el SNS, pasando a la formulación de propuestas en el marco de un gran pacto social que incluya a ciudadanos, profesionales y administración para, en definitiva, consolidar y mejorar un SNS integrado y solidario que pueda seguir mereciendo la confianza de los ciudadanos.

Antonio Núñez Roldán es médico, Jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Virgen del Rocío y Presidente del Consejo Asesor de Salud de Andalucía.