El Tribunal Superior de Canarias devuelve a la juez el "caso Bango"

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió ayer remitir de nuevo al Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife las actuaciones sobre el denominado caso Bango. La titular de ese juzgado había remitido la causa al TSJC porque podría afectar al diputado regional del PP Ignacio González, pero este tribunal considera que aún no se ha agotado la investigación y que no basta que la abogada Julia Bango haya implicado a éste en las amenazas y agresiones que sufrió para conferirle la condición de imputado.

El pronunciamiento del alto tribunal responde a una petición elevada el pasado miércoles por la juez instructora, Eva Ramírez, para "depurar posibles responsabilidades penales", concretamente sobre la condición de aforado del diputado regional y coordinador regional del PP Ignacio González.El dirigente popular había sido denunciado por la abogada Julia Bango como presunto autor de un delito de coacciones realizadas a través de un teléfono móvil, implicándolo así en el caso de las amenazas y agresiones que recibió cuando investigaba presuntas irregularidades en la recalificación de suelo en el municipio de Tegueste, gobernado por Coalición Canaria.

El auto del TSJC precisa, no obstante, que "no cabe confundir la indagación sobre un hecho que pudiera haberse cometido por una persona aforada con la inculpación", por lo que considera competente al Juzgado de Instrucción para continuar con las indagaciones. El alto tribunal observa que "la investigación no se ha agotado", y específica que "existen datos de interés que aún no han sido aportados".

Por ello, el TSJC solicita que sea la propia juez instructora la que pondere la posible incriminación o no de Ignacio González, precisando que "no basta la atribución de un hecho punible a persona cierta y determinada en cualquier diligencia o, en concreto por cualquier testigo, para conferirle la condición de imputado".

Completar la investigación

El Tribunal Superior recurre a la jurisprudencia para decidir que no le compete intervenir, de momento, en el caso, dado que no existe una acción penal contra el dirigente del PP en razón del cargo que ostenta, sino "incriminaciones efectuadas en el seno de la investigación de otro procedimiento". El auto judicial concluye señalando que "sólo cuando se haya completado la investigación y de entenderse que existen indicios bastantes de conducta criminal de un aforado", condición que Ignacio González pierde el próximo día 28 al finalizar la legislatura en el Parlamento canario, podrán elevarse las actuaciones al Tribunal Superior de las islas.Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Cámara de Canarias que remita las conclusiones de la comisión que investigó las denuncias que sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno autonómico realizó el ex consejero y diputado nacional del PP Francisco de la Barreda concretamente sobre el expediente administrativo para crear un parque eólico en el municipio de Fuencaliente (La Palma) y la concesión administrativa para el servicio público de distribución y suministro de gas natural.