La Fiscalía del Supremo pide el archivo del "caso Tomey" al no apreciar delito

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer el archivo de las diligencias abiertas contra Francisco Tomey, senador del PP y presidente de la Diputación de Guadalajara, por un presunto delito de falsedad en documento oficial al incluir en los presupuestos del citado organismo 3.500 millones de deudas presuntamente ficticias. Según la Fiscalía del Supremo, dichas deudas son discutibles pero no ficticias y, en cualquier caso, el responsable de las cuentas era el interventor de la Diputación, ya fallecido, y no Tomey. La decisión causó "perplejidad" en la Fiscalía de Guadalajara.

Esta petición supondrá el archivo de la causa, ya que el PSOE, el denunciante, no se ha personado como acusación. Francisco Tomey manifestó ayer su satisfacción por la petición de la Fiscalía del Supremo, aunque matizó: "El daño nadie me lo va a reparar". El senador del PP, que preside la Diputación alcarreña desde hace 17 años, ha sido apartado de las listas populares para las elecciones del 13 de junio.El informe de la fiscal Pilar Fernández Valcárcel concluye que no se aprecia indicio de delito en la actuación de Tomey. Le exime asimismo de responsabilidad en el maquillaje de los presupuestos en los que se reflejaron, entre 1991 y 1996, 3.500 millones de pesetas en deudas ficticias "porque no ha quedado acreditado" que el interventor recibiera órdenes o sugerencias por parte del presidente.

La decisión de la Fiscalía se produce tras estudiar las pruebas y examinar las declaraciones de los testigos que han desfilado ante Adolfo Prego, instructor de la Sala Segunda del Supremo, quien recientemente dio por concluidas sus diligencias.

Además de Tomey, que proclamó su inocencia, han prestado declaración en el Supremo el director general de Haciendas Locales, José Hernani, y técnicos del área económica de la Diputación que trabajaron a las órdenes de José Villalgordo, interventor de esa institución fallecido meses después de que la Fiscalía de Guadalajara le imputara el mismo delito que a Tomey.

La declaración de estos últimos ha sido clave para la decisión de la fiscal Fernández. Todos aseguraron que Tomey nunca les ordenó incluir en las liquidaciones los 3.500 millones de deudas ficticias y atribuyeron esa decisión a Villalgordo. El informe de la Fiscalía señala que la elaboración del presupuesto y su liquidación correspondían "exclusivamente" a éste. Pero el testigo principal no puede declarar al haber fallecido.

El informe pericial de Hernani, que actuó como perito del caso, fue también favorable a Tomey, pues aseguró que algunas deudas eran discutibles y no ficticias como decía María Ángeles García, fiscal jefe de Guadalajara. Así, ve correcto que la Diputación incluyera 1.029 millones pendientes de cobro con Hacienda porque estaban impugnados. En este sentido, el informe de la Fiscalía del Supremo indica que "es razonable y defendible que en los presupuestos se consignaran las cantidades que se recogían como participación en los Tributos del Estado, ya que existían expectativas sobre el cobro de tales cantidades".

La Fiscalía señala que tampoco se ha acreditado que las cantidades consignadas como deudas por conceptos como intereses bancarios o aprovechamientos forestales no obedecieran a expectativas reales.

Estos argumentos contrastan con el escrito de acusación de la fiscal jefe de Guadalajara, María Ángeles García. Esta última concluyó que Tomey y Villalgordo ocultaron "mediante apuntes contables mendaces un déficit de más de 3.000 millones y se concertaron operaciones de Tesorería por más de 7.000". En su opinión, este desfase no es "un mero error contable, sino una alteración pertinaz y continuada". Un informe del Tribunal de Cuentas eleva la deuda ficticia hasta 4.604 millones y asegura que las cuentas de la Diputación no reflejan la realidad contable, pero no se ha remitido al Supremo.

Jesús Alique, portavoz del PSOE, que denunció el caso, manifestó ayer su sorpresa por la decisión de la Fiscalía.